Las autoridades judiciales y estatales de Guanajuato mantienen un pacto de impunidad y complicidad con el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, director del albergue Ciudad de los Niños, ubicado en Salamanca, quien está señalado de ejercer diversas vejaciones contra menores, entre ellas abusos sexuales.

Señalaron lo anterior la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y Disability Rigths International (DRI). Subrayaron que aun con graves denuncias contra el cura y algunos de sus colaboradores durante más de una década, así como siete carpetas de investigación, las autoridades de Guanajuato no lo han vinculado a proceso.

Desde por lo menos 2009 se han presentado denuncias que responsabilizan al clérigo, sus colaboradores y varias monjas de abusos sexuales generalizados, maltrato físico y sicológico, desaparición de jóvenes embarazadas, tráfico de menores con fines de adopción ilegal y bebés vendidos o regalados a políticos y funcionarios en las cinco sedes que Ciudad de los Niños tiene en Guanajuato y una más en Michoacán. En su momento, La Jornada dio puntual seguimiento al caso. En julio de 2017, la juez federal Karla Macías Lovera ordenó al Ministerio Público la investigación y presentación del sacerdote, así como la clausura del albergue de Salamanca.

Ayer, en un pronunciamiento sobre hechos recientes en torno al caso, la Redim y DRI indicaron que hace unos días el segundo tribunal colegiado en materia penal consideró excedidas las medidas resueltas por una juez. Con esto, denunciaron las organizaciones, se da oportunidad al clérigo de reabrir ese espacio. No obstante, destacaron que el magistrado presidente Samuel Meraz Lares votó contra la resolución.

También condenaron las omisiones y negligencias cometidas por las autoridades locales y federales, en el seguimiento y resolución del caso de los albergues.

Indicaron que la resolución del tribunal colegiado “muestra la impunidad y la complicidad machista que hay entre las autoridades estatales del Poder Judicial y del Ejecutivo, destacando el apoyo explícito de los ex gobernadores –entre ellos ha sido señalado Vicente Fox– a las prácticas nefastas del cura”.

Las ONG exigieron al Estado, en particular a la Fiscalía General de la República, una investigación imparcial para identificar a los responsables de cometer delitos contra la niñez, a desagraviar a las víctimas, así como restablecer y garantizar sus derechos de manera urgente.

Asimismo, que el DIF nacional haga una indagatoria y recuerde al estatal su obligación de no permitir la apertura de Ciudad de los Niños, debido a las investigaciones que aún están en curso y que inhabilitan a Gutiérrez para ofrecer servicios de cuidados alternativos, y que la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación acompañe las investigaciones y garantice los derechos de la niñez en este caso.

Llamaron además a la jerarquía católica del país a atender el llamado del papa Francisco a reconocer la responsabilidad estructural que tiene en los casos de abusos a niñas, niños y adolescentes por parte del padre Gutiérrez y dejar de protegerlo para facilitar la investigación imparcial de los hechos denunciados.