La violencia sexual es también un acto de tortura cuando se ejecuta con intención de obtener confesiones, castigar, intimidar o cualquier otro objetivo que incluya menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de una persona. La Suprema Corte de Justicia de la Nación indicó lo anterior en una tesis aislada, surgida a raíz de la resolución de dos casos en el que mujeres indígenas sufrieron ese tipo de abusos con el fin de obligarlas a declararse culpables de un delito. El documento recoge también las directrices del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hasta donde llegó uno de esos casos, y que señala que la violencia sexual se considera tortura cuando es intencional, causa severo sufrimiento físico o mental y se comete con un fin determinado. La relevancia de una tesis aislada de la Corte es que, independientemente de los casos que le dieron origen, constituyen una guía para la resolución de asuntos similares. Agregó que tiene causas y consecuencias específicas de género, ya que se utiliza como forma de sometimiento y humillación.