La venta de un automóvil Taurus 2002 cambiaría la vida de la familia Cancino Almeida. El 22 de julio de 2015, Joel Sebastián Cancino salió de Reynosa, Tamaulipas, rumbo al vecino municipio de Díaz Ordaz para concretar la venta del vehículo. Los compradores le dieron 17 mil pesos y como no tenía forma de regresar, habló con su hijo, entonces de 15 años, para que fuera por él.

El joven, acompañado por una trabajadora del negocio de Joel, llegaron al destino acordado y se dieron cuenta de que había un operativo de la Marina. Los efectivos detenían con violencia a varias personas, entre ellos a Joel Sebastián, quien tenía 48 años. Desde entonces no se sabe nada de él, fue víctima de desaparición forzada.

Por tres años, Angelina Almeida Moreno ha buscado incansablemente a su esposo. A nivel local y federal ha vivido un largo proceso por alcanzar justicia, pero las instituciones no le han respondido.

En entrevista con La Jornada a propósito del aniversario de la desaparición de su marido, señala que la más reciente de las fallas en las indagatorias fue que la agente del Ministerio Público, Corazón de Jesús Cabrera García, adscrita a la Fiscalía de Desaparición Forzada de la Fiscalía General de la República (FGR) envió un oficio a la Secretaría de Marina (Semar) en la que solicitó la lista de marinos que estuvieron en servicio en la zona donde se efectuaron aquellas detenciones los días 21 y 22 de julio de 2015.

La Marina rechazó dar dicha información con el argumento de que era confidencial por seguridad nacional, además de que ninguno de sus efectivos había participado en los actos criminales denunciados.

La respuesta no dejó satisfecha a Almeida Moreno. Pero no sólo fue eso, se percató que el oficio enviado por la MP federal tenía incorrecta la fecha de los hechos. La funcionaria señaló que los hechos se dieron los días 21 y 22 de junio, y no en julio.

No sólo han sido lentos los procesos, sino que además la agente del Ministerio Público se equivoca. ¿El error es intencional o de plano no han puesto atención a la carpeta de investigación? Además, la Marina nos cierra la puerta a la investigación al rechazar dar los datos de su personal en servicio aquellos días. Sólo necesitamos conocer quiénes estaban en labor para citarlos como testigos. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que el tema de la desaparición es una prioridad para su gobierno, pero al parecer no para sus funcionarios.

Para doña Angelina este tipo de circunstancias no son nuevas. Ha enfrentado una serie de limitaciones y burocracia en todos sus intentos por acceder a la justicia y conocer el paradero de su esposo. Uno de los más dolorosos, recuerda, fue cuando en diciembre de 2015 le entregaron los presuntos restos de Joel prácticamente calcinados.

La PGR dijo que había hecho pruebas de ADN y que eran coincidentes con Sebastián Cancino. Sin embargo, no se permitió que la familia pudiera confirmar esa información, como era su derecho, con un peritaje independiente. Pese a eso los pocos restos encontrados se incineraron y se expidió, sin el consentimiento de las víctimas, un acta de defunción, la cual no es reconocida por Almeida Moreno por todas las irregularidades que hubo.

Desesperada, el pasado 4 de julio entregó una síntesis del caso en las oficinas de la Presidencia en la que solicita al mandatario federal su intervención para conocer lo que sucedió con su esposo y que se sancione a los funcionarios involucrados, tanto en la desaparición forzada como en la falta de acceso a la justicia.