Viernes 19 de julio de 2019, p. 10
Ante la imposibilidad de alcanzar consensos y acuerdos interparlamentarios, el jueves próximo, en sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados sólo aprobará uno de los tres proyectos de decreto que integran el paquete de leyes reglamentarias en materia educativa.
Los diputados se abocarán a dar trámite legislativo a la Ley General de Educación y conocerán la minuta con reformas a la Ley Federal de Extinción de Dominio, que forma parte del paquete referente a la lucha contra la delincuencia y la corrupción.
El atorón obedece a la incapacidad de procesar los proyectos de decreto referentes a la Ley del Sistema para la Carrera de las y los Maestros, porque existe reticencia en torno a los usos y costumbres imperantes en el sector para heredar y vender plazas de mentores, una de las prácticas proscritas en el discurso gubernamental.
Asimismo, las diferencias expresadas en el seno de la Comisión de Educación en San Lázaro respecto a la Ley del Sistema para la Mejora Continua de la Educación impidieron alcanzar un acuerdo.
A pesar de que el organismo legislativo –encargado de procesar los proyectos de decreto– cuenta con la participación de funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para empatar las propuestas gubernamentales con las peticiones derivadas de los foros públicos en la materia, la oposición política en el Congreso ha levantado proposiciones que derivan en diferendos.
Ayer, por conducto de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la Comisión de Educación envió al Senado el proyecto de decreto por el cual se expide la Ley General de Educación, que concibe la educación como un derecho y el medio para alcanzar el bienestar de las personas y el desarrollo de la nación; coloca al centro del aprendizaje a los niños, adolescentes y jóvenes y los define como el interés superior del Sistema Educativo Nacional.
También contiene los instrumentos legales que recuperan la rectoría del Estado en materia de educación; sienta las bases de la Nueva Escuela Mexicana, que es el instrumento del Estado que tiene por objeto alcanzar la equidad y la excelencia en la educación mediante su mejoramiento integral y máximo logro del aprendizaje.