Si bien como secretaria de Gobernación dijo estar obligada a respetar los procesos legislativos locales, Olga Sánchez Cordero sostuvo –en mi calidad de ministra en retiro- considero que la reforma para ampliar el periodo de gestión del próximo gobernador de Baja California es completamente inconstitucional; no obstante, destacó que lo política y jurídicamente correcto es impugnarla en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Entrevistada en Palacio Nacional al término de la ceremonia por el aniversario luctuoso de Benito Juárez, Sánchez Cordero se refirió además al plan migratorio acordado con Estados Unidos, cuyo balance –dijo– es muy positivo. Estimó que la reducción del flujo de indocumentados se redujo casi 44 por ciento para ubicarse por debajo de los 100 mil centroamericanos.

Al abundar sobre el caso Baja California, aseveró que es incuestionable que el proceso legislativo se realizó apegado a los mecanismos instituidos, y en su caso, las modificaciones fueron aprobadascasi de forma unánime. Recordó que bajo los nuevos parámetros de conducción de Gobernación ya no hay intromisión en otros poderes ni en otros órganos de gobierno, por lo cual hasta ahora sólo se ha limitado a escuchar las posturas.

En este contexto, consideró que lo conducente para fortalecer el estado de derecho es que sea la SCJN la que determine acerca de la constitucionalidad de prolongar de 2 a 5 años la gestión del Poder Ejecutivo en Baja California.

Acerca del plan migratorio, dijo que su instrumentación no ha modificado la histórica apertura hacia quienes quieran venir a México como destino, no tanto como tránsito. Dijo que se mantienen las políticas en materia de asilo y refugio, lo que se ha modificado es que la frontera del sur está dejando de ser tan porosa en materia de ingresos indocumentados. Recordó que México promoverá una especie de Plan Marshall con El Salvador, Honduras y Guatemala para tratar de atender las causas de pobreza y violencia que han detonado el éxodo.

El Congreso de Baja California decidirá para la próxima sesión ordinaria, probablemente el 25 de julio, si hace la declaratoria de validez de la reforma constitucional para un gobierno de cinco años de duración o, por el contrario, aprueba un mecanismo que cancele esa opción, tras analizar el exhorto que le hizo la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en ese sentido.

El gobernador electo Jaime Bonilla advirtió que la decisión final sobre la reforma la tomará la Suprema Corte ya que la decisión la tomó la soberanía del Poder Legislativo de Baja California.

Amador Rodríguez –encargado del proceso local de entrega-recepción y próximo secretario general de gobierno– dijo: si creen que estamos mal que apliquen los instrumentos que estén a su alcance.

(Antonio Heras, Corresponsal)