La reforma aprobada por el Congreso de Baja California es un escándalo, pues no hay un solo precedente de semejante barbaridad, sostuvo la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Pamela San Martín. Dejarlo pasar sería sentar un precedente que a nivel federal el Congreso pudiera ampliar el periodo de un Presidente o que un Congreso local opositor al gobierno pudiera reducirle su periodo. De ese tamaño es la falta de certeza que se desprende por esa decisión.

La eventual acción de inconstitucionalidad en contra de esa determinación sería para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la tercera ocasión en que tuviera que pronunciarse por un caso parecido, aunque el de Baja California es el único en el que los cambios se realizaron con fecha posterior a los comicios. De acuerdo con los precedentes, el máximo tribunal ya resolvió en 2006 el de Michoacán, donde una reforma constitucional modificó el periodo de gestión de alcaldes y diputados locales, al revocarlo parcialmente porque fue impugnado antes de efectuarse la elección.

Los casos de Veracruz y Michoacán, similares

En 2015, explicó San Martín, la SCJN resolvió otra acción de inconstitucionalidad relacionada con la reforma que determinó que la elección para gobernador de Veracruz en 2016 sería para un periodo de dos años –similar al caso Baja California– con el argumento de que era un periodo muy reducido. Los ministros ratificaron la reforma que pretendía empatar los comicios para gobernador de la entidad con los federales en 2018.

Tanto en el caso Veracruz como ahora el de Baja California, las modificaciones constitucionales aprobadas en su momento estaban encaminadas a empatar comicios locales y federales con base en la reforma electoral que el Congreso de la Unión avaló en 2014.

Al igual que ahora, detalló San Martín, en Veracruz se argumentaba que era un plazo muy breve para que un gobernante pudiera desplegar programas –aunque lo mismo sucedió en Puebla, con Antonio Gali, con una gubernatura de dos años 2016-2018–, pero en su momento la SCJN avaló esa reforma a pesar de que entonces se impugnó antes de los comicios.

Lo verdaderamente escandaloso, subraya San Martín, es que en este caso se busca beneficiar al gobernador electo, Javier Bonilla porque esto no sólo contraviene disposiciones constitucionales de no modificar leyes en pleno proceso electoral, también rompe con el principio de certeza y viola los derechos político electorales de los ciudadanos que acudieron a las urnas a elegir a un gobernador por dos años que los diputados convirtieron en cinco.

La historia de esas modificaciones se remonta a la reforma constitucional de Baja California en 2014 para establecer que sería por dos años. Durante el proceso electoral se hizo ya un primer intento al introducir cambios, en su momento revertido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La consejera señaló que además de los partidos políticos que han anunciado la promoción de acciones de inconstitucionalidad hay otros actores que pueden hacerlo: se incluye al propio Presidente de la República y a organismos de derechos humanos, dado que les atañe por violación de garantías.

“No estamos hablando de algo que sólo afecte a Baja California, pues al hacer nugatorio derechos es un precedente en cuanto a la trasgresión de un estado de derecho que es inaceptable porque no genera ningún tipo de certeza respecto de las reglas que aplican. El argumento del costo, concluyó, es inadmisible: si garantizar el derecho a la salud sale tan caro, no hagamos hospitales.