El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) aprobó ayer en términos generales los formatos de declaraciones fiscal, patrimonial y de conflicto de intereses (3de3)que deben presentar todos los servidores públicos del gobierno federal, y postergó para una próxima sesión el debate sobre una serie de añadidos propuestos por el Instituto Nacional de Transparencia (Inai).

Durante el tercer encuentro ordinario anual del SNA –celebrado en la sede de la Auditoría Superior de la Federación–, los siete organismos integrantes del Comité Coordinador llegaron al acuerdo de respaldar los formatos que ya habían sido avalados en marzo de este año, a propuesta de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Como se recordará, dicha versión es menos extensa que la que había aprobado en el sexenio anterior, la cual fue criticada duramente por la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, quien en entrevista con La Jornada afirmó hace tres meses que los formatos habían sido hechos de manera irresponsable y desordenada, con una cantidad excesiva de preguntas estériles que ni siquiera sirven para identificar posibles casos de enriquecimiento inexplicable.

Como había anunciado desde el lunes, el Inai –en voz de su comisionado presidente, Francisco Javier Acuña Llamas– propuso que se incluyeran seis adecuaciones para hacer más extensiva y precisa la declaración, entre ellas considerar el saldo exacto de las cuentas bancarias y de inversiones de los servidores públicos, y decir en qué rubros o sectores económicos en general tienen negocios, para evitar el conflicto de intereses.

De igual forma, el órgano de transparencia sugirió no revelar los nombres de los menores de edad que aparezcan como propietarios de algún bien –por ser hijos o dependientes económicos de un funcionario–.

Ante la falta de consensos sobre los temas referidos se acordó analizarlos y votarlos en una próxima sesión del SNA.

Publicarán datos patrimoniales de cónyugues

Lo que sí se aprobó fue publicitar los datos patrimoniales de terceras personas con una relación familiar directa con el declarante, como cónyugues.

Por otro lado, se aprobó que los miembros del Poder Judicial de la Federación con actividades jurisdiccionales –y no sólo administrativas– sean exentos de la obligación de presentar el mismo formato de declaración patrimonial que los funcionarios de otros ámbitos, debido a que sus obligaciones internas en ese sentido son aún más rigurosas.

En el punto referido hubo por momentos una discusión más subida de tono, pues aunque el titular del Consejo de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez Daza, defendió la propuesta en los términos ya descritos, la secretaria de la Función Pública se opuso a ello, por considerar que de esa forma se estaba avalando un régimen de excepción.

No obstante lo anterior, la iniciativa fue aprobada por cuatro votos contra dos.