Además de la presunta adquisición a sobreprecio de un equipo de análisis de información, denunciada ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, la Policía Federal (PF) ha recibido diversos señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sobre todo por deficiencias en el ejercicio de sus recursos para hospedaje, alimentación y transporte.

Como dio a conocer Durazo este jueves, la ASF ya abrió una serie de estudios para revisar el cierre de la PF en la Cuenta Pública de 2018, en particular lo referente a la compra de un sistema de inteligencia conocido con el nombre de Rafael, encargado del análisis, diseño e implementación de información de inteligencia, por el cual se pagaron 2 mil 458 millones de pesos.

Sin embargo, en el análisis de las cuentas públicas de otros años, la entidad fiscalizadora ha dado a conocer otros casos de fallas y omisiones de la PF. Un ejemplo de ello es la auditoría 24-GB, realizada en 2017, en la cual se registró que la corporación tuvo deficiencias en la operación y supervisión de los recursos ejercidos en los servicios de hospedaje, alimentación y apoyo logístico en despliegues táctico-operativos, toda vez que se efectuaron pagos por 8 mil 108 millones de pesos sin haber contado con la evidencia documental de dichos gastos.

Asimismo, se efectuaron pagos improcedentes por 6 mil 154 millones de pesos por servicios de traslado de personal, al incluir como turnos completos trabajos de una hasta ocho horas, así como por considerar en diversos servicios como punto de origen la Ciudad de México, no el de la entidad federativa donde realmente se proporcionó.

En el mismo sentido, se realizó un pago de viáticos por 656 mil pesos por 46 comisiones efectuadas durante el ejercicio 2017, sin contar con la evidencia documental de la solicitud de esos recursos ni con las actas para justificar la exención de comprobación de viáticos.

De igual forma, la auditoría 20-GB, correspondiente a la Cuenta Pública 2016, dejó ver una serie de deficiencias en la operación y supervisión respecto de la aplicación de los recursos ejercidos, pues se descubrieron omisiones en la aplicación de penas convencionales por mil 74 millones de pesos, por concepto de atraso en el cumplimiento de la entrega de equipos diversos.

Un caso más es el de la auditoría GB-025, de la Cuenta Pública 2014, donde se detectaron pagos duplicados de 46 servidores públicos que recibieron recursos por concepto de pago de operatividad, viáticos y alimentación, correspondientes a dos diferentes partidas presupuestales.