Con un cambio de última hora, que elevó a 10 años el periodo en que los funcionarios de alto nivel no podrán trabajar en empresas y consorcios privados, luego de dejar el sector público, el Senado aprobó la madrugada de ayer la Ley de Austeridad Republicana.

La modificación, propuesta por Morena, incluyó además especificar que esa prohibición es para los grupos jerárquicos de mando superior, que además manejen información privilegiada.

Con esto último, el partido en el poder trató de zanjar una de las principales críticas y protestas de PRI, PAN, PRD y MC, tanto en esa sesión, que se prolongó por más de cinco horas, como en la reunión de comisiones efectuada el lunes por la mañana, donde insistieron en que tal disposición vulnera los derechos constitucionales de un millón 400 mil servidores públicos.

El morenista Félix Salgado Macedonio propuso la reserva al artículo 24, que también presentaron legisladores de oposición, pero con otro cambio: elevar de cinco a 10 años el tiempo en que altos funcionarios que dejen el sector público no podrán trabajar en el sector privado, como demandó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La senadora Vanessa Rubio (PRI) y los panistas Damián Zepeda y Julen Rementería consideraron un exceso que se prohíba 10 años a los ex servidores públicos contratarse en otro lado, lo que vulnera el artículo quinto constitucional, que garantiza a todos los mexicanos ejercer su profesión.

El dictamen es un regalo del grupo mayoritario al presidente de la República, advirtió Minerva Hernández (PAN), con lo que coincidió con Vanessa Rubio y los coordinadores de MC y PRD, Dante Delgado y Miguel ángel Mancera, respectivamente, en que la nueva Ley de Austeridad Republica puede controvertirse ante la Suprema Corte por las inconsistencias, vacíos legales y violaciones a la Carta Magna que contiene.

La reforma se aprobó en lo general con 74 votos en favor, de Morena y sus aliados, y 29 abstenciones, de PAN y PRI. Los morenistas insistieron en que esa norma se encamina a erradicar los privilegios y derroches de funcionarios, y en general de la clase política gobernante.

En contraparte, la oposición insistió en que posibilita que haya una partida secreta para el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que en el artículo 61 se establece que los ahorros generados por la puesta en marcha de las medidas de austeridad se destinarán a los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o al destino que por decreto determine el titular del Ejecutivo.

Rementería destacó que no se puede conceder al Presidente que maneje de forma discrecional recursos cuantiosos, mientras su correligionaria Alejandra Noemí Reynoso presentó una reserva para modificar la redacción de ese artículo, ya que representa un cheque en blanco para el Ejecutivo federal. Planteó que los ahorros se canalicen al sector salud.

La reserva fue desechada; de las 44 presentadas, la mayoría de Morena sólo aprobó la de Salgado y otra de la coordinadora del PT, Geovanna Bañuelos, a fin de establecer que el Poder Judicial y los sectores de salud y educación podrán constituir fideicomisos, con el permiso de la Secretaría de Hacienda.

Sin éxito, el PAN propuso que sólo se eliminen las pensiones de los ex presidentes de la República, pero se les mantenga la protección, ya que de lo contrario estarían expuestos a secuestros y otros delitos del crimen organizado.

Ríspido en momentos, el largo debate en la madrugada tuvo también momentos de risa. El legislador Mario Zamora Gastélum (PRI), propuso, cerca de las seis de la mañana, que se legisle que en horas laborales, “sobre todo cuando hace mucho calor o las jornada son muy exhaustivas, poder echarse un alipús o una cervecita, “pa’l calor”.

A las 6: 42 de ayer, el presidente del Senado, Martí Batres, devolvió la minuta a la Cámara de Diputados, con lo que se clausuró el segundo periodo extraordinario de la legislatura.