Desde el inicio del actual gobierno, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha impuesto sanciones económicas por más de 700 millones de pesos, derivadas de un centenar de faltas administrativas cometidas por servidores públicos, y aún están por tramitarse 50 expedientes más, indicó la titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval.

Durante su participación en el seminario Deontología y transparencia al servicio del interés general, al describir los logros de la secretaría a su cargo, Sandoval indicó que se ha avanzado con la sustanciación de más de 100 expedientes de responsabilidades administrativas y un número similar de verificaciones patrimoniales e inhabilitaciones.

Entre estas últimas destacó las de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, y de la empresa brasileña Odebrecht –acusada de haber entregado sobornos por más de 10 millones de dólares a dicho ex funcionario–, así como la reapertura de la llamada estafa maestra y la imposición de multas para resarcir la compra a sobreprecio de la planta de fertilizantes Fertinal.

De igual forma, resaltó la mejora en la presentación de las declaraciones patrimoniales, la reactivación del proceso de la Alianza por el Gobierno Abierto y la apertura de investigaciones a profundidad por probables conflictos de interés de distintos servidores públicos y de integrantes de los órganos reguladores.

Sandoval defendió nuevamente las políticas de austeridad del actual gobierno, que incluyen recortes presupuestales y cese de personal: En el momento que vivimos se exigen ajustes estructurales. Estamos dando los ajustes presupuestales, por lo tanto, y reorientaciones de nuestro más importante capital, el humano, para combatir de manera efectiva la corrupción y la impunidad, señaló.

Al destacar la importancia de la austeridad republicana, la funcionaria señaló que un ejemplo de cómo se está aplicando dicho concepto es la reducción de los sueldos exorbitantes y la anulación de las reservas de las declaraciones patrimoniales.