Xalapa, Ver., Una juez de control giró ayer orden de aprehensión contra el ex diputado federal priísta Antonio Tarek Abdalá Saad (2015-2018), tesorero durante el gobierno que encabezó su correligionario Javier Duarte de Ochoa (2010-2016), por irregularidades en el manejo de cuotas de trabajadores afiliados al Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz.

La orden fue solicitada por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos de la Unidad Integral de Procuración de Justicia en el distrito judicial de Xalapa, de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El organismo presentó pruebas en contra del ex funcionario acusado de abuso de poder, por el desvío de 453.6 millones de pesos provenientes de cuotas sindicales y cuyo destino se desconoce.

En la causa penal 55/2018 están implicados, junto con Abdalá, Antonio Gómez Pelegrín, ex titular de Finanzas; Arnulfo García, tesorero de Finanzas; José Francisco Díaz, ex subdirector de Operación Financiera de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz, así como Carolina Estrada, subdirectora de la Tesorería del estado.

Abdalá también fue por un tiempo director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia estatal con Duarte de Ochoa, preso y bajo proceso por diversos delitos patrimoniales.

El ex tesorero creó y administró durante el gobierno de Duarte la empresa Lanait LLC, que adquirió 10 propiedades en California valuadas en 3 millones de dólares, según documentos oficiales.

Tarek Abdalá es actualmente testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR) en el proceso contra Fernando Charleston Hernández, ex secretario de Finanzas de Veracruz, por el desvío de más de 4 mil millones de pesos.

Sin embargo, Abdalá Saad no se presentó el pasado 20 de junio en las oficinas de la FGR en la Ciudad de México para una entrevista judicial en el proceso penal contra Charleston Hernández.

Tarek Abdalá y Gabriel Deantes Ramos, ex secretario del Trabajo de Veracruz durante el gobierno duartista, fueron acusados por la FGR de haber desviado recursos de los fondos de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, de Aportaciones para los Servicios de Salud, de Infraestructura Social para las Entidades, de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, de Aportaciones para el Fortalecimiento de la Entidades Federativas y del Seguro Popular.

Este proceso penal se lleva a cabo en un juzgado del fuero federal con sede en Xalapa, Veracruz, donde la FGR consignó la averiguación previa AP/PGR/VER/VER/AEIDCSP/916/2016, por la cual se ejercitó acción penal en contra de los ex funcionarios mencionados.