La Secretaría de Bienestar y el ­Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia rechazaron la recomendación sobre las estancias infantiles emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la calificaron como una aberración. En documentos muy si­milares señalaron que aceptar­la sig­nifica permitir el robo de mil 49 millones de pesos al erario. No somos encubridores de actos de corrupción ni cómplices de quienes son capaces hasta de atentar contra los derechos humanos de los niños.

Las dependencias advirtieron que por motivaciones políticas y por consigna de intereses creados, la comisión emite esta recomendación a nuestro gobierno en la que defiende violaciones a derechos humanos y la corrupción en perjuicio de los niños en las estancias infantiles, promovidas por una mayoría de militantes o simpatizantes del PAN. Cuestionaron que a 10 años de los sucesos de la guardería ABC, la CNDH no buscó hacer justicia y ahora defiende ese modelo ­privatizador.

Esto es en respuesta a la recomendación 29/2019 emitida el 31 de mayo en la que la CNDH pide a estas dependencias, así como a la Secretaría de Hacienda y a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, establecer las acciones inmediatas y necesarias que garanticen los derechos de los niños a una vida digna, a un sano desarrollo integral, a la educación, a la protección de la salud, a la inclusión, al juego y esparcimiento a partir de su interés superior. Solicita restituir a los niños y a los padres, así como a los responsables y trabajadoras de estancias infantiles, los derechos que fueron violados a partir de la emisión de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Bienestar y la disminución del presupuesto de esta estrategia.

Argumentos erróneos

En su respuesta, la Secretaría de Bienestar, en un oficio enviado el 21 de junio firmado por la subse­cretaria, Ariadna Montiel, explicó que con el programa de estancias infantiles se entregaba el apoyo a las instalaciones, el único beneficio para los padres era el tiempo para que accedieran o permanecieran en un trabajo remunerado. Ahora con la entrega del apoyo monetario que se entrega a los padres –mil 600 pesos bimestrales por niño–, éstos pueden elegir al proveedor de los servicios de cuidado y hasta puede ser un familiar.

La secretaría consideró erróneos los argumentos para emitir la recomendación, ya que la CNDH debió ponderar los derechos de los padres y los niños, en lugar del interés económico de las estancias infantiles, las cuales, precisó, son privadas. Y presentó datos: 40 por ciento de las estancias tenían situaciones de riesgo, en diciembre se cobró lo de 329 mil niños, sólo se ubicaron a 213 mil, y había malversación de fondos.

Aseguró que la dependencia no ha vulnerado los derechos de los niños, sino que los reconoce y promueve; que se sigue atendiendo a la misma población objetivo; precisó que con el recorte presupuestal al programa no se generó un perjuicio a los niños; el cambio de nombre de la estrategia no implica su cancelación, y advirtió que ahora la comisión pide la desprotección de beneficiarios de los programas al pedir se restituya el presupuesto anterior. Agregó que sólo los padres saben lo que es mejor para su hijos.

Por su parte, el DIF argumentó que no se restringe la posibilidad de que los niños acudan a las estancias infantiles de su elección y que la CNDH no justifica el argumento por el que considera que las transferencias económicas no son un mecanismo idóneo. Explicó que no acepta la recomendación porque el nuevo programa atiende el interés superior de los niños y sus padres.

Las dos dependencias cuestionaron el papel de la CNDH durante los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto: Nunca exigió justicia frente a las infamias co­metidas [...] y se esmeró en ocultar la desaparición de los 43 estudian­tes de Ayotzinapa y de innumera­bles casos de violaciones a los derechos humanos. Consideraron lamentable la actuación de la comisión durante el periodo autoritario neoliberal al convertirse en un instrumento de simulación para mantener la impunidad del régimen de injusticias, corrupción y privilegios.