El video en el que se observa a funcionarios torturar a un detenido por el caso Ayotzinapa evidencia que los tormentos y las violaciones a derechos humanos en la investigación de los crímenes contra los normalistas no fueron casos aislados, subrayó la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

Esta nueva evidencia de tortura en el caso reafirma la urgencia de investigar a funcionarios que incurrieron en violaciones a garantías fundamentales y obstruyeron la búsqueda de la justicia y verdad, incluidos sus superiores jerárquicos, indicó el organismo.

Este tipo de acciones no son ajenas a la forma en que operan las corporaciones de seguridad y procuración de justicia en México; estas violaciones ocurren, además, bajo el cobijo de la impunidad y la corrupción.

El organismo internacional indicó que el viernes pasado varios medios difundieron el video que expone la tortura, por tres personas, en contra de arlos Canto Salgado, uno de los detenidos por el caso Ayotzinapas. El material muestra a la víctima con los ojos vendados, maniatado, sometido a asfixia, toques eléctricos, golpes y vejaciones mientras es interrogado por funcionarios.

La ONU-DH condenó esos tormentos y reiteró el principio inderogable de la prohibición absoluta de los mismos. Tal como lo mencionó en su reciente visita a México la alta comisionada, Michelle Bachelet, la tortura no tiene cabida en un Estado comprometido con los derechos humanos, recordó Jan Jarab, representante de esa instancia en México.

El caso de Canto fue documentado por la ONU-DH en su reporte Doble Injusticia: informe sobre las violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa, en el que acreditó que 34 de los detenidos por la desaparición de los normalistas el 26 de septiembre de 2014 –entre ellos Carlos Canto– fueron torturados.

El video evidencia ante la sociedad la tortura en contra de uno de los supuestos implicados en el caso Ayotzinapa y comprueba, además, la inacción del Estado mexicano en este caso. Las instancias públicas encargadas de investigar los delitos y violaciones a los derechos humanos cometidas en el curso de las indagatorias oficiales tuvieron acceso a información que demuestran estos actos y, a pesar de ello, no actuaron debidamente. Es momento de romper la cadena de complicidades y encubrimientos alrededor del caso Ayotzinapa y enfocar los esfuerzos del Estado mexicano en la verdad y la justicia para todos los implicados con estricto apego a los derechos humanos, sentenció Jarab.