Juchitán, Oax., Dos escuelas, un mercado y un centro de salud ubicados en el núcleo rural de Tilzapote, municipio de Santa María Tonameca, podrían ser demolidos por una sentencia del Tribunal Agrario en favor de dos particulares, denunciaron pobladores y comuneros.

Explicaron que la sentencia viola sus derechos humanos porque los particulares intentan adueñarse de 300 hectáreas de la playa El Tilzapote, y los pobladores cuentan con documentos legales que avalan el asentamiento del núcleo rural desde hace más de 70 años en esa región de la costa oxaqueña.

Señalaron que la disputa de tierras entre los comuneros y los particulares Pedro Ramírez Araiza y Domitila Guzmán Olivera, comenzó en 2008 y hace días los tribunales agrarios dictaron sentencia en favor de los supuestos dueños. “Defenderemos nuestras tierras y playas, si es necesario con la vida, no vamos a permitir que la playa que tanto hemos cuidado ahora pase a manos de personas ajenas.

El conflicto lleva 10 años y ya existen órdenes de arresto contra los defensores comunitarios, por lo que exigimos al gobierno del estado intervenir para evitar violencia y el desalojo, porque intervendrán policías y militares, informó Javier Díaz Figueroa, presidente del comisariado de bienes comunales del núcleo agrario de San Francisco Cozoaltepec.

Edith Santibáñez Borges, representante de los comuneros, precisó que este conflicto de despojo de tierras en Tilzapote se agudiza porque pretende demoler edificios.

Señaló que en la sentencia del juez Luis Ponce de León se ha solicitado al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (demoler las instituciones públicas, como la primaria y el centro de prescolar, pide también a otras instituciones demoler la casa de salud, la iglesia y otros inmuebles.

Nos hemos movilizado y acudido a diferentes dependencias y autoridades a nivel federal y estatal, pero no hay avances; hace 10 días estuvimos en la Ciudad de México buscando una intervención; no es posible que vayan a demoler espacios de vida de los comuneros, de la gente de este núcleo rural, esto es una burla y violación, acusó.

Santibáñez Borges explicó que las instituciones educativas no han sido demolidas porque los maestros, padres y autoridades no lo han permitido, pues se violentaría el derecho a la educación de 300 estudiantes; sin embargo, el exhorto del Tribunal Agrario está vigente y podría cumplirse en cualquier momento.