La renuncia del comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Tonatiuh Guillén López, se da en un contexto de incompatibilidad de su política con las acciones en materia de gestión migratoria que se han implementado para cumplir con los acuerdos negociados la semana pasada en Washington DC con el fin de frenar la imposición de aranceles a importaciones mexicanas, coincidieron especialistas consultados por La Jornada.

Ana Saiz, presidenta de Sin Fronteras IAP, declaró que ante esta renuncia el perfil del nuevo titular no debe ser de corte policial; sin embargo, la primera impresión del relevo, Francisco Garduño, ex comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social, es que se trata de un experto en cárceles y detención.

Saiz destacó que las estaciones migratorias están verdaderamente rebasadas, con problemas de hacinamiento y con un perfil así no podemos suponer que van a cambiar las políticas de detención del gobierno mexicano.

Mientras, el investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef) José María Ramos García, especialista en temas como gobernanza migratoria para el desarrollo, expresó que el perfil de Guillén López no encajaba en la política actual de migración ni formaba parte del nuevo equipo encomendado para la tarea.

Indicó que Guillén López estuvo siempre en contra de criminalizar la migración y en favor de enfatizar el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes, y si bien la nueva política incluye estos temas, el ex comisionado no avanzó en uno de los problemas centrales del INM: la corrupción entre agentes de esta dependencia con traficantes de personas, lo cual es una de las prioridades del acuerdo con Estados Unidos.

Tampoco consiguió modernizar los procesos de regulación migratoria en un marco de creciente movilización humana y su visión fue criticada por autoridades estadunidenses en los pasados encuentros con Kirstjen Nielsen, ex secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Por su parte, Gretchen Kuhner, directora general del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), consideró que la dimisión de Guillén López es reflejo del malestar que ha generado la intervención del canciller Marcelo Ebrard en asuntos migratorios, lo que ha dejado sin capacidad de maniobra a dicho organismo.

“El presidente Andrés Manuel López Obrador le ha encargado de facto a Ebrard el tema migratorio, y apenas incluyeron al INM, que tiene las facultades constitucionales para llevar el control y la regularización migratoria. Me imagino que por eso Guillén tomó la decisión de renunciar, porque no lo dejaban ejercer sus facultades”, indicó.

Por su parte, Ana Lorena Delgadillo, directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, lamentó la renuncia del hoy ex servidor público y coincidió en que la razón de fondo de dicho acto fue la manera en que el INM quedó marginado de las decisiones sobre política migratoria.