Tapachula, Chis., El respeto y protección a los derechos humanos de los migrantes que transitan por territorio mexicano no puede subordinarse a los intereses económicos y comerciales en el marco de las relaciones internacionales entre este país y Estados Unidos, señalaron las 24 organizaciones que conformaron la Misión de Observación de Derechos Humanos de la Crisis de Refugiados y Humanitaria en el Sureste de México.

Al cerrar sus actividades de monitoreo e incidencia que realizaron en esta región fronteriza del 29 al 31 de mayo, advirtieron que frente a la amenaza del presidente Donald Trump de imponer aranceles a productos mexicanos a menos que se ponga un alto al flujo migratorio, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe mantener una posición crítica y fuerte.

Esto porque durante sus trabajos documentaron una práctica sistemática e intencional de violaciones a las garantías de las personas en movilidad, que es incongruente con el discurso oficial de una política respetuosa de los derechos humanos.

Los activistas que participaron en la misión comprobaron que continúa y se agudiza un enfoque de seguridad militarizada en materia migratoria y de contención, detención y deportación de esos flujos.

Cifras del Instituto Nacional de Migración (INM) revelan que en enero de este año han sido presentados o asegurados 8 mil 248 extranjeros en condición irregular y 5 mil 884 fueron deportados a sus países de origen; en febrero los números son, respectivamente, 10 mil 39 y 7 mil 373; en marzo, 12 mil 756 y 9 mil 113; en abril, 20 mil 564 y 14 mil 970; y en mayo (hasta el día 30), 22 mil 694 y 15 mil 640.

Ayer, en conferencia donde presentaron las conclusiones de las actividades de la misión, Brenda Ochoa, directora del Centro de Derechos Humanos de Córdova –una de las organizaciones convocantes–, subrayó que si la administración de López Obrador atiende las demandas de Trump, el impacto en la frontera sur mexicana sería aún más desfavorable para los migrantes, pues se recrudecerían las ya de por sí constantes violaciones a sus garantías.

La misión fue convocada por agrupaciones de México, Estados Unidos y Centroamérica, como el Grupo Impulsor contra la Detención Migratoria, la Red Jesuita con Migrantes, la Red Nacional Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), y otras.

Represión y castigo

Documentamos que la detención migratoria funge como estrategia de represión y castigo. Se han intensificado las redadas y los operativos de control migratorio a lo largo de toda la costa, y las condiciones de la detención llegan a constituir formas de tortura física y sicológica y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red TDT, indicó que existe una posición esquizofrénica de parte de la administración federal mexicana en torno a la política migratoria. Pues mientras en el discurso asegura que es garantista de los derechos humanos, en la realidad la respuesta ante esa crisis se enfoca en la seguridad nacional y es contraria al respeto de esos derechos.

Daniela Burgi, de Latin America Working Group –organización estadunidense–, criticó las amenazas del presidente Trump. El respeto a los derechos humanos de los migrantes no es un cambio de moneda en acuerdos económicos que se pueden cambiar o negociar, son responsabilidades que les competen a ambos gobiernos.