El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó la iniciativa que envió la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, para evitar el uso partidista, discrecional, arbitrario o electoral de recursos públicos mediante acciones sociales o actividades institucionales de desarrollo social en las alcaldías y dependencias.

La reforma a diversas disposiciones de las leyes de Desarrollo Social y de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos, tiene la finalidad de prevenir casos como la entrega de tabletas, tinacos o transferencias en efectivo mediante tarjetas, lo cual se ha documentado en demarcaciones como Coyoacán durante el pasado proceso electoral.

Para establecer dichas acciones, las alcaldías y dependencias deberán sujetarse a lineamientos que emitirá el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, como hace actualmente para los programas sociales, y deberán ser autorizados por el mismo organismo, por lo que de ninguna manera podrán iniciarse en los seis meses previos a una jornada electoral.

Se violentan facultades de los alcaldes: PAN

A su vez, el diputado del PAN y ex delegado en Benito Juárez, Christian Von Roehrich, presentó una reserva para exceptuar a las alcaldías de tener que someter a aprobación del Consejo de Evaluación sus acciones sociales, al advertir que se violenta la facultad de los alcaldes para dar ayuda en beneficio de la población más necesitada, como lo son madres solteras, adultos mayores y con discapacidad.

La propuesta fue rechazada y el decreto se aprobó sólo con dos modificaciones que propuso el diputado de Morena, Carlos Alonso Castillo Pérez, para que en los lineamientos que emita el Consejo de Evaluación se establezca un plazo para que las alcaldías y entidades ajusten las acciones sociales o actividades institucionales que tengan en curso.

El Congreso aprobó, además, las propuestas que presentó la mandataria capitalina para integrar las salas ordinaria y superior especializadas en combate a la corrupción del Tribunal de Justicia Administrativa.

Para la sala superior los magistrados de la sección especializada en materia de responsabilidades administrativas son Irving Espinoza Betanzo, Mariana Moranchel Pocaterra y Rebeca Gómez Martínez por 15 años.

En cuanto a la sala ordinaria especializada en materia de responsabilidades administrativas y derecho a la buena administración, fueron confirmados para un periodo de 10 años Miriam Lisbeth Muñoz Mejía, Andrés Ángel Aguilera Martínez y Erwin Flores Wilson, quienes rindieron protesta ayer mismo ante el pleno.