México, en su momento de crisis migratoria, presenta políticas en la materia que entran un tanto en contradicción, expuso Virginia Negro, especialista del proyecto Migración Laboral: Programa Regional Mesoamérica, de la Organización Internacional para las Migraciones.

Al impartir la conferencia Migración y seguridad nacional como parte de un seminario organizado por el Colegio de la Frontera Norte (Colef), la especialista detalló –a título personal– que, en el discurso, la política migratoria se va transformando desde una visión de seguridad hacia el desarrollo.

Ello convive con elevados números de deportaciones desde la frontera sur y una alta presencia militar en esta zona fronteriza, abundó Virginia Negro durante el seminario Seguridad nacional y las fronteras sur y norte de México: ¿una nueva relación con Estados Unidos?, 2018-2024, llevado a cabo en la sede Ciudad de México del Colef.

En paralelo, advirtió que –con base en datos del proyecto de investigación en que participa– las políticas de regularización migratoria son medidas que no tienen un largo horizonte ni son claras.

No hay una verdadera inclusión laboral

Por ejemplo, con las tarjetas humanitarias que se expidieron en el invierno pasado se creó, por un lado, un discurso de regularización, pues a través de este documento se emite una Clave Única de Registro de Población (CURP) mediante la cual la persona entra legalmente y puede trabajar y ser parte de la sociedad como si fuera un residente temporal.

Sin embargo, la poca claridad respecto de los planes de regularización genera consecuencias: el desconocimiento por parte de las autoridades de los programas y políticas a los que pueden acceder estas personas. A su vez, el sector privado desconoce estas tarjetas y tipos de visado, lo cual impide una verdadera inclusión laboral, que es una de las primeras y más importantes fases de la integración en la sociedad.

Otro obstáculo para que una persona en situación de movilidad consiga empleo con este tipo de tarjetas es el método para el pago. Lo anterior, explica la especialista del proyecto de la OIM, se genera porque casi todas las instituciones crediticias no aceptan este tipo de documentos o por lo menos necesitan alguno complementario; sin embargo, la persona extranjera en situación de vulnerabilidad muchas veces no puede gestionarlo.

En este contexto, expuso, estas personas terminan en un mercado informal laboral y aumentan la migración irregular. Es necesario, agregó, tener una política mucho más clara a nivel de gestión migratoria para evitar el desconocimiento, que es intersectorial.