Con la entrada en vigor, el pasado 16 de mayo, del decreto que reforma los artículos 3, 31 y 73 constitucionales, inició el proceso para la extinción del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el cual será sustituido por un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y gestión, pero no constitucional; tendrá personalidad jurídica, patrimonio propio y no sectorizado, por lo que no dependerá administrativamente de la Secretaría de Educación Pública.

La nueva entidad deberá coordinar el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, por lo que tiene entre sus facultades realizar estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas formativas e integrales del sistema educativo nacional. También deberá establecer los criterios que deben cumplir las instancias evaluadoras para los procesos valorativos, cualitativos, continuos y formativos para la mejora de la educación.

Al igual que el INEE, creado en 2002, y al que le fue otorgada la autonomía constitucional en 2013, en el marco de la reforma educativa peñista, deberá emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, el desempeño escolar, los resultados del aprendizaje, de la mejora de escuelas, organización y profesionalización de la gestión escolar.

Será en las leyes secundarias –establece el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 15 de mayo– donde se definan las reglas para la organización y funcionamiento del organismo para la mejora continua de la educación, el cual regirá sus actividades por los principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión, pues también deberá proponer mecanismos de coordinación entre autoridades federales y estatales, y sugerir cualquier elemento que permita la mejora de la educación en todos sus niveles formativos.

La ley secundaria definirá sus funciones

El nuevo organismo contará con una Junta Directiva, un Consejo Técnico de Educación y un Consejo Ciudadano honorífico, este último integrado por representantes de los sectores involucrados en materia educativa, y será la ley secundaria la que determine sus atribuciones, organización y funcionamiento.

La Junta Directiva estará integrada por cinco miembros, que durarán en el cargo siete años de forma escalonada, mientras el Consejo Técnico de Educación, que tendrá como función asesorar a la junta, contará con siete miembros, quienes permanecerán cinco años en el cargo. En ambos casos, quienes sean designados deberán ser especialistas en investigación, política educativa, temas pedagógicos o tener experiencia docente en cualquier tipo o modalidad educativa.

Con la derogación de la ley del INEE, el Congreso de la Unión tendrá un plazo de 120 días a partir de la publicación del decreto para expedir la ley que regule al nuevo organismo, mientras para la integración de su Junta Directiva –establece el Senado– tendrá un plazo de 30 días naturales y de 60 días para elegir a los miembros del Consejo Técnico, por lo que deberá emitir una convocatoria pública.

Los recursos humanos, financieros y materiales del INEE pasarán al nuevo organismo. En tanto no se designe a los integrantes de la Junta Directiva, el titular de la unidad de Administración del INEE será el responsable del funcionamiento administrativo y financiero, por lo que en un plazo de 15 días a partir de la entrada en vigor del decreto deberá publicar en el DOF un informe sobre la situación del instituto, lo que incluye su balance financiero.

Además, en un plazo de 90 días deberá hacer público todo el acervo de información estadística, indicadores, estudios, bases de datos y cualquier otro documento publicado o por publicar que haya sido elaborado por el INEE.