Amnistía Internacional (AI) advirtió que la configuración de la Guardia Nacional puede quedarse en un mero cambio de uniforme.

En caso que las leyes secundarias sobre esa corporación, en particular la nacional sobre el uso de la fuerza y la del registro nacional de detenciones, no se apeguen a los estándares internacionales, seguiremos teniendo una policía troquelada bajo un mando militar, sentenció Tania Reneaum, directora de la sección México de AI.

El organismo presentó sendos reportes con información técnica al Senado con la finalidad de que ese cuerpo legislativo los considere en las discusiones en torno a estas normativas, que se prevé, se debatan en el seno de esa cámara este martes.

El primero es el reciente informe titulado Uso de la fuerza. Directrices para la aplicación de los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el que el organismo de defensa de derechos humanos más grande del mundo enfatiza que estos lineamientos deben cumplir con cuatro principios: legalidad, necesidad, proporcionalidad y transparencia.

El principio de legalidad consiste en que la facultad policial para usar la fuerza debe estar suficientemente fundamentada en la legislación nacional, no sólo se debe contemplar el uso de armas de fuego, sino las detenciones, otro tipo de materiales y herramientas que usan los agentes del orden para realizar su labor.

El de necesidad requiere de tres componentes: cualitativo, cada uniformado debe preguntarse si es necesario el uso de la fuerza o si es posible lograr el objetivo sin recurrir a ésta, lo que requiere un entrenamiento civil; cuantitativo, valorar cuánta fuerza es necesaria para lograr la meta, el nivel de fuerza empleado debe ser el mínimo necesario para la eficiencia de la operación; temporal, la fuerza debe cesar una vez logrado el objetivo.

El principio de proporcionalidad prohíbe el uso de esa facultad cuando el daño que inflige exceda los beneficios al logro del objetivo; y el cuarto tiene que ver con la rendición de cuentas a fin cumplir con la obligación de informar a la ciudadanía qué pasa durante en los operativos, la forma en cómo se ejerce la fuerza, cuáles son los daños colaterales, las bajas y los detenidos.

A finales de abril, Reneaum envió por correo electrónico este informe a todos los senadores, pero sólo uno (Emilio Álvarez Icaza) contestó la comunicación. Sobre la ley del registro nacional de detenciones, la activista destacó que no se trata de un mero catálogo de nombres, sino de cerrar la puerta a graves violaciones a derechos humanos que comienzan con una aprehensión arbitraria.

En México existe una cultura institucional en la procuración de justicia que naturaliza y normaliza la detención para fabricar los delitos, cumplir con una cuota de capturados o simplemente aprehender de forma selectiva a personas que están en el momento incorrecto y que tienen un prototipo específico y no cuentan con poder político, económico o social, señaló la directora de AI México.