abituados a la muerte indigna –asesinatos, desapariciones, fosas clandestinas y accidentes mortales evitables en muchos casos– como algo natural en la vida diaria del país, olvidamos fácilmente la anunciada necesidad de legislar, reglamentar y actuar ante la posibilidad de ejercer como ciudadanos el derecho a una muerte digna que, ni Dios lo mande, jamás ha de confundirse con eutanasia o con suicidio asistido, tipificados como homicidios en naciones que se dicen solidarias, sobre todo con los animales. Para el ser humano, terminal o no, sigue prohibido decidir cuándo y cómo quiere morir, en el postrer atentado a una vida digna y libre.

Como todo país milagrero que se respete, en México persiste el llamado pensamiento mágico, esa forma de pensar basada en la imaginación, las emociones y las declaraciones bien intencionadas, a prudente distancia del raciocinio maduro, de las acciones correspondientes y, desde luego, de aplicar el sentido común.

El nuevo gobierno, vigilado y cuestionado como no lo fue ninguno anterior a seis meses de iniciado, omisión ciudadana y mediática a la que en buena medida debemos que el país se encuentre como se encuentra, no escapa a este tipo de pensamiento. Ya va para 10 meses que la hoy secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, prometió promover en el país la Ley de Voluntad Anticipada, pues sólo 14 estados cuentan con la legislación respectiva. Así como tenemos derecho a la vida digna, tenemos que tener consagrado el derecho a la muerte digna, dijo. Si bien los notarios de la Ciudad de México y la Secretaría de Salud sostienen que los habitantes de esta ciudad pueden acudir a cualquiera de las notarías cercanas a sus domicilios para llevar a cabo la suscripción al Programa de Voluntad Anticipada, ello es falso y los costos de ese trámite los sigue fijando cada notaría.

Por ello urge homologar al solidario notariado nacional siquiera en lo que al costo del Documento de Voluntad Anticipada se refiere y no dejarlo al arbitrio de las notarías en tanto se decida prescindir de éstas, y más las que aún invocan objeción de conciencia. Asimismo urgen encuestas entre ancianos y enfermos terminales y saber si desean morir y cómo. No se trata de disponer de la vida de otro sino de escuchar su libre petición, que puede incluir terminar con el terrible estado en que se encuentra u ofrecérselo a Dios, haya o no quien pueda atenderlo.

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