egún lo comprometido, hoy será un día de grandes anuncios fiscales, pero no para dar a conocer nuevos gravámenes o montos de recaudación, sino para denunciar a quienes durante décadas se sirvieron con la cuchara grande –no sin la complicidad gubernamental– en el jugosísimo negocio oficialmente denominado devolución y condonación de impuestos.

Una práctica (institucionalizada, lo peor del caso) que al año implica miles y miles de millones de pesos en demérito de las finanzas públicas y de los mexicanos en su conjunto, porque sólo los de hasta arriba –con su ejército de abogados y fiscalistas– tienen acceso a este mecanismo: hago como que pago impuestos y me los devuelven cuchareados (Fox dixit).

El presidente andrés Manuel López Obrador anunció que hoy detallará la práctica de condonar y/o devolver impuestos a grandes contribuyentes, avalada en gobiernos anteriores. Dijo que recurrirá incluso a la vía del memorando para prohibir esa práctica. En este sentido, las administraciones de Fox y Calderón derrocharon las ganancias de Pemex y condonaron impuestos a sus allegados, mientras las clases medias y los trabajadores sostenían la hacienda pública.

Ello se registra año tras año. Por ejemplo, en su revisión de la Cuenta Pública 2005, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que alrededor de 240 mil millones de pesos no ingresaron al erario, pues los grandes contribuyentes utilizaron sus conexiones políticas y las facilidades de ley para no pagar sus respectivos créditos fiscales. La ASF lo resumió así: 0.04 por ciento de los deudores, con uno por ciento del número total de créditos fiscales determinados hasta 2005, daban cuenta de 48.3 por ciento del adeudo total.

¿Quiénes fueron los beneficiarios? Instituciones bancarias, televisoras, equipos de futbol, ingenios azucareros, transportistas, grandes constructoras y hasta partidos políticos, entre otros (por ley la referida institución no puede dar nombres, pero no resulta difícil saber de quiénes se trata). Eso fue en 2005, en el gobierno de Fox. Pero llegó Calderón, y entre las primeras decisiones –vía su secretario de Hacienda, Agustín Carstens– fue publicar un acuerdo (JG-SAT-IE-3-2007) en el Diario Oficial de la Federación, para condonar –en forma total o parcial– créditos fiscales por 500 mil millones de pesos, la mayoría concedidos a un grupo de grandes empresas.

Para redondear, una investigación de la ASF entre 2001 y 2005 detectó que el gobierno federal transfirió casi un billón 200 mil millones de pesos en impuestos al gran capital privado, y descubrió que en el sexenio foxista “el SAT pagó al sector empresarial 679 mil 691 millones de pesos por devolución de impuestos (216 por ciento más que la inversión privada en el mismo lapso) y la Secretaría de Hacienda (Francisco Gil Díaz) benefició con créditos fiscales al sector productivo con 495 mil 807 millones de pesos. El resultado de dicha investigación arrojó que el saldo de los créditos fiscales de 2001 a 2005 pasó de 27.9 a 35.1 por ciento de los ingresos ordinarios del gobierno federal.

De cereza, en mayo de 2016, con Peña Nieto en Los Pinos, La Jornada documentó: “grandes empresas dejaron de pagar contribuciones por más de 60 mil millones de pesos entre marzo de 2015 y el mismo mes de este año, un crecimiento de 17 por ciento en la cartera de créditos fiscales del gobierno federal.

Los créditos fiscales de los 4 mil 858 grandes contribuyentes sumaron 178 mil 20.5 millones de pesos, un incremento de 50 por ciento respecto al monto registrado en el mismo mes del año pasado y un monto 44 por ciento superior al primer recorte presupuestal anunciado por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray”.

Las rebanadas del pastel

El propio mandatario anuncia la creación del instituto para devolverle al pueblo lo robado, y a cada obra que se realice con recursos que resulten de la venta de bienes confiscados se le colocará una placa que señale el nombre del cártel o político corrupto del que se obtengan. Entonces, viene la bonanza para la industria de las plaquitas.

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