stados Unidos y Cuba guardan una situación única en las relaciones internacionales. No existe un caso similar de asedio político-ideológico, económico y militar tan sostenido de una potencia mundial contra un país pequeño. Después de que en octubre de 1960 el presidente Dwight Eisenhower impuso un bloqueo parcial a la isla en respuesta a las nacionalizaciones y expropiaciones de propiedades de ciudadanos y compañías estadunidenses por el nuevo gobierno revolucionario –seguido de la ruptura de relaciones diplomáticas el 3 de enero de 1961−, y tras la derrota militar de la invasión mercenaria de la Brigada 2506 en Playa Girón en abril siguiente, el 7 de febrero de 1962 John F. Kennedy emitió una orden ejecutiva que amplió las restricciones comerciales y profundizó el cerco.

Durante 58 años y 12 sucesivas administraciones de demócratas y republicanos: Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush padre, Clinton, Bush hijo, Obama y Trump, la amenaza cubana ha causado una histeria y un fanatismo sin par en los planificadores imperiales. Las sanciones comerciales, económicas y financieras contra Cuba –una guerra económica combinada con acciones militares y terroristas, directas y encubiertas− son las más duras del mundo.

Pero a la vez, desde que en 1823 el secretario de Estado, John Quincy Adams, formuló la política de la fruta madura, según la cual, separada de España, por las leyes de la gravedad política −es decir, por la fuerza− la isla debía caer en las manos de Estados Unidos, la necesidad de poseer Cuba es el tema más antiguo de la diplomacia de guerra de Washington.

Ese objetivo se cumplió en 1898, cuando con su política del Gran garrote y su diplomacia de las cañoneras, Theodore Roosevelt (admirado por Hitler), invadió la isla y Cuba se convirtió en una cuasi colonia, permaneciendo en esa situación hasta el triunfo de la revolución en 1959. En marzo de 1960, el subsecretario de Estado, Douglas Dillon, argumentó que el pueblo cubano es responsable del régimen, por lo que EU tenía el derecho legítimo de castigar e infligir sufrimiento a la población por medio del estrangulamiento económico. Eisenhower aprobó las sanciones con la esperanza de que si [el pueblo cubano] pasa hambre, echará a Castro.

Kennedy y sus sucesores adoptaron la fórmula, pero el castigo colectivo a los cubanos se intensificó tras el derrumbe de la Unión Soviética en 1989. En 1992, con la anuencia de Bill Clinton, el congresista Robert Torricelli se propuso causar estragos en la isla. Y en 1996 Clinton fir­mó la Ley para la libertad y solidaridad democráticas cubanas, mejor conocida como ley Helms-Burton (por los apellidos de sus promotores, el senador republicano Jesse Helms y el representante demócrata Dan Burton), que codificó y endureció el bloqueo al fortalecer el ilegal alcance extraterritorial de su política de cambio de régimen, dirigida a restaurar su hegemonía en la isla y regresarla a su órbita como país satélite.

Durante 22 años, los gobiernos de Clinton, Bush, Obama y Trump mantuvieron suspendido el más escandaloso de los artículos de la Helms-Burton: el título III, que permite a los antiguos propietarios en la isla y sus herederos que posean la nacionalidad estadunidense, entablar demandas judiciales en tribunales de EU. Pero a partir del 2 de mayo, el título III se puso en vigor y los demandantes también podrán exigir compensaciones a empresas e inversionistas de terceros países cuyos negocios en Cuba utilicen (o trafiquen en) inmuebles nacionalizados y confiscados por el gobierno cubano al amparo de la Constitución de 1940.

La polémica ley busca anular el derecho soberano de Cuba a la nacionalización y expropiación de bienes de extranjeros y nacionales con los términos de compensación que a los efectos se consideren y de conformidad con el derecho internacional. Por su carácter extraterritorial, el engendro legislativo −que no tiene jurisdicción en Cuba− viola los reconocidos principios de que el dominio de una propiedad se establece de acuerdo con las leyes del país donde está localizada, de la libertad de financiamiento e inversión y la subordinación de compañías subsidiarias a las leyes del país residente.

Las medidas coercitivas neocoloniales activadas por Trump y el grupo de forajidos sicópatas que le rodean (Mike Pence, Mike Pompeo, John Bolton, Elliot Abrams, Marco Rubio) pretenden implantar ahora una guerra económica unilateral, total y permanente a la isla, por lo que buscan desestimular, atemorizar y/o interrumpir las relaciones comerciales de compañías e inversionistas de terceros países con Cuba y someter a Estados soberanos a las disposiciones extraterritoriales de EU.

A pesar de la sumisión de los gobiernos vasallos de Europa (Merkel, Macron, Sánchez, et al.), la alta representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini, y la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, condenaron la ley y dijeron que acudirían a la Organización Mundial de Comercio para impugnar la decisión de aplicar el título III. Las cancillerías de Canadá y México también rechazaron la ley que viola el derecho internacional y busca perpetuar el castigo colectivo contra la población isleña y destruir por hambre a la revolución cubana.