El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene el deber de investigar a cualquier funcionario público, en especial elementos de las fuerzas armadas y de seguridad, que hayan incurrido en actos de tortura, subrayaron los integrantes de las organizaciones de la sociedad civil que participaron en la evaluación al Estado mexicano durante las sesiones en Ginebra, Suiza, del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT, por sus siglas en inglés), a finales de abril.

En conferencia de prensa, Olga Guzmán, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y Olga Arnaiz, de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, señalaron que las organizaciones civiles están satisfechas por el contenido de las recomendaciones a México en materia de tortura difundidas ayer por el comité.

Demandaron que el gobierno acepte y cumpla con los exhortos del CAT para avanzar en la erradicación de esa práctica, en particular la implementación de la respectiva ley general. Sin embargo, lamentaron que el documento haya omitido puntos como los pueblos indígenas y la violencia obstétrica.

Edith Escareño, perita independiente, resaltó que las recomendaciones obligan al gobierno mexicano a investigar a los agentes o militares que hayan detenido de manera arbitraria y torturado, tanto ahora como en el pasado; además de revisar los procesos de personas que están detenidas debido a que se autoincriminaron en la comisión de un delito tras haber sido torturadas.

Escueta referencia

Lamentó que en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de López Obrador, en el apartado sobre derechos humanos, haya una muy escueta referencia al tema. Hay un renglón que dice que nadie será torturado. Eso ya lo hemos escuchado en administraciones pasadas, en México se tortura aunque se niegue. Se necesita de verdadera voluntad contra el delito.

Olga Guzmán apuntó que las recomendaciones del CAT llegan en momento oportuno, pues hoy se discuten en en Congreso de la Unión las legislaciones secundarias de la reforma constitucional con la que se creó la Guardia Nacional, en particular las leyes nacionales de uso de la fuerza y de registro de detenidos.

Destacó la necesidad de crear en el país un mecanismo de seguimiento a recomendaciones de órganos internacionales, pues en años recientes México ha recibido alrededor de 2 mil exhortos de estas instancias, pero no hay manera de evaluar el grado cumplimiento de los mismos.