La situación de la tortura en México es muy preocupante. Existe una muy alta incidencia de esa práctica y otros malos tratos, incluida la violencia sexual, que es cometida sobre todo por elementos de las fuerzas de seguridad y agentes de investigación durante el arresto y las primeras etapas de la detención, sentenció el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (CAT, por sus siglas en inglés).

Por ello, el Estado mexicano debe pronunciarse sin ambigüedades en favor de la prohibición absoluta de ese delito y anunciar públicamente que quien cometa actos de esta índole, sea cómplice en ellos o los tolere, será personalmente responsable de los mismos ante la ley, estará sujeto a enjuiciamiento penal y a las sanciones apropiadas.

El CAT dio a conocer ayer en Ginebra, Suiza, las recomendaciones dirigidas a México en materia de tortura, esto después de la evaluación a la que se sometió al país los días 25 y 26 de abril de 2019, en el marco de su 66 periodo ordinario de sesiones, que tuvo lugar en esa ciudad. En el documento se hace una serie de recomendaciones a las autoridades mexicanas y le da un año, al 17 de mayo de 2020, para que haya una primera respuesta a las mismas y un avance del grado de su cumplimiento en ciertos puntos.

La creación de la Guardia Nacional, las violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos de las fuerzas armadas en el marco de los operativos de seguridad pública y la impunidad en que esos abusos se mantienen, fueron elementos presentes en parte de la preocupación del comité.

En ese sentido, instó a las autoridades mexicanas a investigar y sancionar cualquier abuso en que hayan incurrido las fuerzas armadas y expresó su preocupación por el hecho de que el mando operativo de la Guardia Nacional recaerá en un militar en proceso de retiro y por la falta de claridad acerca de la normativa aplicable en cuanto al uso de la fuerza.

Expresó que si bien la ley general en la materia considera en buena medida al delito de tortura conforme a lo dispuesto en el artículo primero de la convención internacional contra el ilícito, aún existen preocupaciones de que la norma mexicana no abarque de manera expresa los tormentos cometidos con el fin o propósito de obtener información o una confesión de un tercero, ni aquellos dirigidos a intimidar o coaccionar a otras personas distintas de la víctima.

El CAT urgió a las autoridades a cumplir con la adopción del Programa Nacional para prevenir y sancionar la tortura, que se mandata en la ley, y garantizar que cuente con el presupuesto necesario para su operación, así como con la participación de la sociedad civil.

Información incompleta

La instancia de la ONU lamentó que el Estado mexicano no le haya dado información completa sobre el número de denuncias por torturas y malos tratos registrados durante el periodo en examen.

Un punto nodal fue la preocupación del comité por las graves deficiencias que presenta la investigación de actos de tortura y malos tratos en México, así como por la persistencia de altos niveles de impunidad asociada a este tipo de delitos.

Los datos proporcionados por la delegación mexicana indican que en enero de 2019 la Fiscalía General de la República contaba con 4 mil 296 averiguaciones previas y 645 carpetas de investigación en trámite por tortura.

Sin embargo, el comité lamenta no haber recibido información completa sobre el número de casos en los que se ejercitó la acción penal y el de procesos judiciales y procedimientos disciplinarios abiertos por este delito durante el periodo examinado. Según la sucinta información proporcionada por el Estado, entre 2013 y 2018 los tribunales federales dictaron 45 sentencias condenatorias por actos de tortura, aunque no se cuenta con información sobre el estado y contenido de las mismas, ni sobre las sanciones impuestas a las personas condenadas.

También ubica varios aspectos positivos, sobre todo en cuestiones legislativas e institucionales, como la aprobación de la ley en la materia, y la conformación de protocolos y fiscalías especializadas. Sin embargo, esta práctica sigue siendo una realidad.

El informe abarca varios puntos como las muertes en detención, el sistema penitenciario, desapariciones forzadas, violencia de género, situación de defensores, periodistas y migrantes.