De acuerdo a la Alianza para la Regeneración Urbana (ARU) es posible rescatar las casas en cartera vencida y las abandonadas a través de procesos de regeneración urbana con participación social.

La ARU, integrada por especialistas en vivienda, territorio, desarrollo urbano y regeneración participativa, identificó que los intentos de empresas por implementar procesos de rescate de las viviendas abandonadas se desarrollan de acuerdo con cada inmueble y no se plantean como un proceso territorial.

Es un problema porque estas moradas están geográficamente concentradas en ciertas ciudades y en determinados barrios. Mexicali, por ejemplo, registra 25 mil viviendas o predios abandonados, en Baja California serían 30 mil invadidos. Es vivienda en cartera vencida que subraya una urgente necesidad de actuar, explicó la directora de la ARU, Louise David.

Apuntó que en las 32 entidades de la nación existen al menos 500 mil viviendas en cartera vencida, abandonadas por sus propietarios y añadió que para abordar el problema de casas abandonadas o invadidas en los fraccionamientos del norte del país, la ARU desarrolló una metodología de regeneración urbana para involucrar a vecinos, organizaciones civiles, empresas y autoridades para diseñar, implementar y evaluar estrategias integrales que mejoren los espacios públicos, la seguridad y la organización vecinal.

David sostuvo que para aumentar la efectividad y, principalmente la permanencia en el tiempo de los resultados obtenidos, la metodología de la regeneración social debe dejar de verse por unidades de vivienda y transitar a una visión de proyectos territoriales.

Hasta ahora, las empresas que compran las viviendas en cartera vencida del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) o de los bancos no tienen capacidad para actuar a escala de barrio, porque éstas se encuentran dispersas en diferentes zonas y fraccionamientos. Un giro muy pertinente en la atención a este problema sería vender esas viviendas abandonadas por polígonos y asegurarse que las empresas que las compran implementen programas de regeneración urbana con participación social para mejorar los entornos de las viviendas, destacó la directora general de la ARU.

Sostuvo que la visión que la organización propone se alinea con la nueva estrategia de política pública en materia de vivienda que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el Infonavit han planteado para regenerar espacios urbanos a partir de devolver a las personas al centro de las políticas públicas.

De acuerdo a Antonio Díaz, presidente del Consejo de ARU, por medio de la regeneración urbana se han recuperado 9 mil casas en conjuntos habitacionales del norte del país y generado una plusvalía promedio de 8 por ciento anual.