n la comunidad nahua de Rincón de Chautla, municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, se anunció la adhesión de ocho niñas y niños de entre 7 y 10 años a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores.

Los menores, que se dicen sobrevivientes de los enfrentamientos ocurridos en enero de este año en ese poblado, aparecen en un video, armados con palos y en posiciones de combate y dispuestos a participar en la poli-cía comunitaria, a fin de cerrar el paso a grupos delictivos como Los Rojos y Los Ardillos.

El estremecedor documento videográfico da cuenta de una de las más terribles consecuencias de las políticas oficiales de décadas hacia el campo guerrrerense: olvido y desinterés, en el menos peor de los casos, pero también represión estructurada y complicidad de los tres niveles de gobierno con grupos delictivos.

Lo anterior ha generado una descomposición tan grave que naturaliza la idea de la violencia como un recurso inevitable y necesario hasta en los menores. Y el hecho es entendible, porque las autoridades han sido tan omisas en su obligación de dar seguridad a los habitantes que a muchas comunidades no se les dejó otro camino que el de la autodefensa, lo que a su vez alimenta la descomposición y la ausencia de Estado.

Pero si resultan fundados los motivos de las policías comunitarias y de grupos de autodefensa, como los que proliferaron en el estado vecino de Michoacán hace unos años, ello no convierte a tales organizaciones en un fenómeno deseable: la población no debe ser contrapeso del crimen organizado ni se tiene que alentar la práctica de la justicia y la seguridad por propia mano, pues el desempeño de esas tareas –contrarrestar la acción delictiva y procurar seguridad– es una de las razones centrales de la existencia de las instituciones públicas: para eso se pagan impuestos y para eso se otorga a la autoridad el monopolio de la violencia legítima.

Por lo demás, resulta inaceptable desde cualquier punto de vista la incorporación de menores a tareas de policía, así se trate de policía comunitaria. En tales circunstancias, resulta de suma urgencia que las autoridades federales, estatales y municipales se coordinen y empiecen a aplicar en Guerrero algunos lineamientos centrales de la estrategia de paz y seguridad presentada al Senado hace unas semanas por el Ejecutivo federal.

Cierto que esa estrategia aún no puede ser llevada a la práctica en su totalidad, habida cuenta de que la Guardia Nacional todavía está en formación y sigue pendiente el debate sobre la reformulación legal de los estupefacientes hoy prohibidos.

En cambio, es necesario que se acelere el paso en las acciones de bienestar, en los procesos de construcción de la paz y otros aspectos del nuevo paradigma ofrecido por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para hacer frente a la inseguridad, la violencia y el embate de la criminalidad.

Finalmente, la palabra clave para avanzar en esta tarea es coordinación: coordinación entre el gobierno federal, el Ejecutivo estatal y los municipios; al menos, aquellos que no hayan caído bajo el control de la delincuencia.