Guadalajara, Jal., El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, propuso realizar un mapeo de las redes de corrupción entre jueces, políticos, abogados y criminales en los poderes judiciales de los estados, durante una reunión que sostuvo con Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer.

Expusimos (el jueves en la Ciudad de México) que si fuera el caso, analizar cada estado, pero en específico pusimos sobre la mesa el caso de Jalisco.

Explicó que en el estado se hizo un ejercicio para dejar al descubierto las relaciones corruptas de los jueces y la forma en la que operan grupos ligados a la delincuencia detrás de ellos, lo que a los juzgadores les ha generado ingresos jugosos, mientras la política de seguridad pública fracasa cuando se deja en libertad a sujetos peligrosos.

Es una descomposición brutal del sistema de impartición de justicia, lo que hay es una red de complicidades, dijo Alfaro, a quien López Obrador comisionó hace poco en una asamblea de la Conferencia Nacional de Gobernadores para buscar soluciones que puedan ayudar a sanear el Poder Judicial en los estados.

Planteó a los funcionarios federales que cuando quedan al descubierto las redes corruptas en el Poder Judicial de los estados, deberá existir un decidido embate desde la Fiscalía General de la República y de López Obrador a través de la consejería jurídica de la Presidencia, para aplicar justicia sin concesiones.

El viernes, Alfaro informó que no enviaría una iniciativa de reforma al Poder Judicial del estado, pero adelantó que el Congreso local presentará una, en la que existirán candados para impedir que el Ejecutivo estatal meta las manos en el proceso selectivo de magistrados y jueces.

Se acabó el manoseo político y el control de los partidos y grupos del poder sobre la vida de un poder constitucional, anunció.

La iniciativa que perfiló Alfaro es contraria a la que promueve el diputado Salvador Caro, líder del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) –partido en el que milita el gobernador– y en la cual dejaba a discreción del Ejecutivo las designaciones de impartidores de justicia.