México no está en la ruta de cumplir las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) establecido para 2050 en la legislación nacional de cambio climático, pese a que hay medidas baratas en las que el costo por reducir una tonelada es de 12 dólares en promedio y se evitaría la muerte de hasta 26 mil personas en los próximos 11 años.

Esto señala el informe Eligiendo el Camino Correcto, de la organización World Resources Institute México (WRI), donde se planteó que no se hace lo suficiente para cumplir con las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs, por sus siglas en inglés) para 2030 que el país se comprometió en el Acuerdo de París. Ni para llegar a la meta de largo plazo que establece la legislación nacional de reducir las GEI en 50 por ciento para 2050.

Con las medidas más económicas que hay para reducir los GEI provocadores del calentamiento global se requieren 100 mil millones de dólares de aquí hasta 2030, equivalente a 0.8 por ciento del PIB, y no todos los recursos serían públicos, explicó Andrés Flores, director de cambio climático de la organización.

Katya Puga Cornejo, subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, anunció que se hará una actualización de las NDCs el año próximo, para lo cual será relevante incluir políticas de eficiencia energética.

Aseveró que el actual gobierno privilegia la soberanía en este sector, por lo cual se planteó la construcción de una refinería y la rehabilitación de otras. En el Plan Nacional de Desarrollo se establece un crecimiento del uso de energías renovables de 25 a 38 por ciento, precisó.

Cesa el financiamiento

Martha Delgado, subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aludió que a escala internacional hay una retracción en el impulso ecológico; hay barreras para la transferencia de tecnología, no fluye el financiamiento, y se ha vuelto lento el proceso. Sostuvo que hay impactos que se pensaba tardarían en presentarse, por lo que la presión es mayor para acelerar la reducción de las emisiones tóxicas.

El estudio, presentado por Andrés Flores, presenta 21 estrategias públicas y privadas en los sectores de electricidad, transporte e industria. El experto dijo que una economía más verde trae ganancias sociales y ambientales, se generan empleos de calidad, aumenta la seguridad alimentaria y se salvan vidas humanas.

Por su parte, Adrián Fernández, director de Iniciativa Climática de México, advirtió que a la actual administración le corresponde rendir cuentas en la implementación de las medidas, y hay pocos avances sobre ello.

El desafío actual no es sólo del gobierno, también es de la sociedad civil, agregó, hay que proporcionar información técnica más avanzada.

Los proyectos de la refinería de Dos Bocas y la generación carboeléctrica son contrarios a los compromisos de mitigación que el país ha suscrito de manera internacional, señalaron el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, la Fundación Heinrich Böll México y el Caribe y la Asociación Interamericana de Defensa Ambiental.