El proyecto de sentencia elaborado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa propone no otorgar la protección de la justicia federal solicitada por organizaciones civiles para que el gobierno federal modifique la ley sobre el etiquetado de alimentos y bebidas, y con ello los consumidores tendrán un mejor conocimiento de los niveles de azúcares añadidos, grasas y sal que contienen productos envasados.

Las organizaciones civiles señalaron, a través de un juicio de amparo, que la actual Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, así como las especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas prenvasados, transgrede el derecho a la alimentación adecuada, a la salud y a la información.

El proyecto, que se discutirá hoy durante la sesión de la segunda sala, refiere que los solicitantes del amparo no pudieron acreditar, a lo largo del juicio, que la obligación que tienen las empresas para informar en sus etiquetas la cantidad de azúcares añadidos en sus productos evitaba los problemas de sobrepeso y obesidad, y tampoco acreditaron que modificar el etiquetado y hacer más explícito el contenido de azúcares y grasas sea más eficiente que las obligaciones que impone la actual norma.

Refiere que “informar en el etiquetado (la cantidad de) los azúcares añadidos no terminará con el sobrepeso y la obesidad, ya que (…) se trata de enfermedades que obedecen a múltiples factores” como un alto consumo de grasas y azúcares y la falta de ejercicio.

Por esa razón, la propuesta que ya fue enviada para su estudio a los otros integrantes de la segunda sala –Javier Laynez, José Fernando Franco, Eduardo Medina Mora y Alberto Pérez Dayán– establece: La justicia de la unión no ampara ni protege a El Poder del Consumidor, asociación civil, contra el acuerdo por el que se emiten los lineamientos a que se refiere el artículo 25 del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios que deberán observar los productores de alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasadas.