Ginebra. Para la delegación nacional e internacional de organizaciones civiles que participaron en la evaluación de México ante el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (CAT, por sus siglas en inglés) la respuesta que el Estado mexicano dio en torno a la situación de ese delito en el país fue decepcionante.

Lamentaron que los representantes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador hayan negado la gravedad y extensión de la práctica de tortura y otros malos tratos. Y subrayaron que un primer paso para combatir ese flagelo es que el Estado lo reconozca públicamente.

Con esta posición nos parece que el Estado asume el riesgo de denotar una falta de voluntad real y genuina de operativizar instituciones e instrumentos clave de la ley (...). Instamos al Estado a que, como gesto de su compromiso real y absoluto contra la tortura, retome de forma inmediata la solicitud que hizo (durante las audiencias del jueves) el relator del CAT, Diego Rodríguez-Pinzón, quien instó al Estado a que haga un pronunciamiento público en el que reconozca y rechace el alcance de la tortura y la impunidad y que ponga freno a la estigmatización de las víctimas y de organizaciones que las defienden.

Este viernes se realizó en esta ciudad la segunda y última audiencia pública en la evaluación de México ante el CAT, esto en el contexto del 66 periodo de sesiones de esta instancia internacional, conformada por 10 expertos independientes.

Organizaciones civiles, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, Documenta, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro de De-rechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, entre otras, acompañadas por la Organización Mundial contra la Tortura, acudieron a las sesiones del CAT para ser partícipes en la evaluación a México.

Una vez concluida la audiencia, dieron a conocer un pronunciamiento en el que expresaron su preocupación por la actitud de los representantes del Estado de no reconocer que la tortura es una práctica generalizada, así como por la vaguedad y falta de datos públicos y desglosados en las respuestas proporcionadas.

Recordaron que luego de su visita de trabajo a México, el ex relator de la ONU contra la tortura, Juan Méndez, calificó esta práctica como generalizada en el país “no necesariamente por la cantidad de casos denunciados, sino por el patrón de detenciones arbitrarias, violencia, ocultamiento e impunidad que sigue la gran mayoría de estas agresiones cometidas por servidores públicos de todos los niveles de gobierno. Esperamos que el gobierno ofrezca mecanismos reales para que esa colaboración sea un proceso permanente y no una estrategia de control de daños ante cuestionamientos de órganos internacionales".