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Organismos civiles condenan operativo en contra de migrantes en Pijijiapan
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▲ Migrantes centroamericanos esperan a ser atendidos por el Instituto Nacional de Migración en Ixtepec, Oaxaca.Foto Afp
 
Periódico La Jornada
Sábado 27 de abril de 2019, p. 13

La crisis humanitaria y de asilo que lleva más de un mes en la frontera sur de México es, en gran parte, responsabilidad de la administración federal, denunciaron organizaciones y colectivos de México, Centroamérica y Estados Unidos que defienden a personas en situación de movilidad.

En carta abierta dirigida al presidente López Obrador, redes de organizaciones nacionales e internacionales –como el Grupo de Trabajo de Política Migratoria o la Red Jesuita con Migrantes de Centroamérica y Norteamérica– condenaron el operativo realizado el 22 de abril en el municipio de Pijijiapan, Chiapas, en el que fueron detenidos 367 migrantes y donde había menores de edad.

Exponen que según testimonios de personas que lograron escapar del operativo, el grupo de migrantes –compuesto en su mayoría por familias y mujeres solas con sus hijos– fue cercado por agentes migratorios mientras se detenían a descansar después de haber caminado por casi siete horas.

Lamentamos y condenamos categóricamente este tipo de acciones, en particular –abundaron– cuando el gobierno federal ha señalado que la política migratoria de esta nueva administración estará basada en el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes.

Exponen que mientras el gobierno ha centrado la definición de su política migratoria en el control, la gestión y administración de los flujos migratorios, afirmando que las personas que llegan a México lo hacen para llegar a Estados Unidos y en consecuencia son migrantes económicos, los testimonios de cada persona que atendemos nos muestran una realidad de lucha por la sobrevivencia y la integridad física personal y familiar, lo que convierte a muchas de ellas en solicitantes de asilo.

Esta visión contribuye a justificar actos de autoridad que incluso pueden llegar a constituir graves violaciones a derechos humanos como tortura y desaparición forzada, contribuyendo a la vez a que se fortalezcan dentro de la sociedad sentimientos y acciones xenofóbicas, consideran las organizaciones firmantes, entre las que se encuentran Save The Children México y Sin Fronteras.