as modificaciones constitucionales en materia educativa aprobadas en 2013 como parte del Pacto por México, signado por los tres principales partidos políticos, fueron presentadas como la gran reforma del sexenio de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, desde un principio enfrentaron el incesante repudio magisterial con intensas jornadas de movilización y formas silenciosas de rechazo, como la jubilación de más de 150 mil maestros, muchos de los cuales se retiraron de manera anticipada del servicio antes de someterse a las vejaciones impuestas por dicha legislación.

Con el triunfo de una fuerza política que durante la campaña electoral se mostró contraria a la reforma educativa del Pacto por México –al punto de compartir la perspectiva docente de que en los hechos se trató de una ofensiva laboral disfrazada de preocupación académica– se creó una fuerte expectativa magisterial y social acerca de la posibilidad de reconstruir sobre nuevas bases la relación entre magisterio y Estado, dañada no sólo por el contenido de la legislación, sino, de manera muy importante, por las formas brutales con que se impuso.

La esperanza en restablecer una nueva relación entre el magisterio y el Estado se alimentó de la promesa del actual Presidente durante la campaña electoral de abrogar la reforma del Pacto por México. Sin embargo, muchos docentes e investigadores consideran que esto no sucedió con la aprobación de la nueva reforma constitucional en la Cámara de Diputados. No sin razón, sostienen que una parte sustancial de los elementos del texto de 2013 persiste en el que está destinado a remplazarlo, tanto así que el PRI sostiene que se mantiene en pie 80 por ciento del texto impulsado por el peñismo.

Un aspecto medular en la continuidad en esta reforma consiste en los párrafos sobre el régimen laboral de excepción creado para el ingreso, la promoción y el reconocimiento del magisterio, sustraidos del apartado B del del artículo 123 constitucional, el cual regula el universo laboral de los trabajadores al servicio del Estado.

Uno de los reclamos principales de la lucha magisterial es y ha sido la eliminación de toda referencia a temas laborales del artículo tercero de la Carta Magna –que debe consagrarse a los aspectos educativos. Si bien es claro que en todo proceso de negociación parlamentaria hay cambios y concesiones respecto de la iniciativa original, resulta llamativo que la denominada educación para el bienestar, eje central de la propuesta del presidente López Obrador, se haya diluido entre una serie de ejes y prioridades distintos.

La redacción aprobada el miércoles por los diputados y turnada al Senado, hace suponer que la herida del magisterio no se cerró; por el contrario, las expresiones de inconformidad pública, tanto de maestros como de expertos en materia educativa, desplegadas antes de que fuera votada y las anunciadas tras su aprobación, indican que lo que debió subsanarse no fue subsanado.

Cabe esperar que el Senado reconsidere la postura de la colegisladora, enmiende la minuta que tiene en sus manos, escuche los reclamos y propuestas del magisterio y expertos, y dote al texto de un sentido claramente rupturista con el pasado reciente. Sólo así será posible que cicatrice la herida abierta por la insensibilidad de los gobernantes anteriores, así como por la intromisión de agentes ajenos a la educación pública en el diseño de las políticas que rigen al sector.