Al presentar el primer informe de la comisión técnica para la transición de Procuraduría a Fiscalía General de la Ciudad de México, su titular, Ernestina Godoy, dijo que no puede haber realmente una democracia con impunidad y rezago en la investigación de los delitos.

Con el nuevo modelo de fiscalía se aplicará primero un programa piloto en cuatro agencias del Ministerio Público ubicadas en las alcaldías Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Magdalena Contreras, ya que se busca resolver los problemas de saturación y sobrecarga de trabajo que hay, así como dar atención de calidad a las víctimas y que se aplicarán nuevos protocolos de investigación en materia de homicidios, en colaboración con la embajada de Francia.

Aunque de momento no hay una fecha precisa para su operación, de acuerdo con la Constitución capitalina la nueva fiscalía tendrá que entrar en funciones en enero del próximo año.

El fin es dar un giro al actual modelo de procuración de justicia donde hay un alto porcentaje de delitos que no se denuncian, afirmó Godoy durante la ceremonia de la presentación del informe que se realizó en instalaciones de la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ).

Mencionó que con la fiscalía se busca garantizar la resolución de los casos, inhibir la impunidad y abatir el rezago en la investigación de los delitos.

De acuerdo con el Programa de Desarrollo 2019-2024 que entregó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, al Congreso, en la Ciudad de México siete de cada 10 homicidios dolosos quedan impunes, mientras la cifra negra en el registro de ilícitos va en aumento porque sólo seis de cada 100 delitos son denunciados.

Además, existe desconfianza de la ciudadanía que tiene la percepción de que la justicia en la capital no es pronta, ni expedita, ni gratuita, sino que es burocrática, ineficiente, corrupta y que fomenta la revictimización, indica el programa en el que se precisa que en la PGJ cada mes se acumulan aproximadamente 18 mil carpetas de investigación que carecen de sustento adecuado para que sean judicializadas, por lo que terminan clasificadas como no procedentes para la acción penal.

En el documento se admite que la PGJ enfrenta serios problemas para proporcionar los servicios que garanticen atención pronta y expedita ante los delitos a que se enfrentan los ciudadanos, porque el tiempo de espera para realizar la denuncia se ubica en al menos ocho horas, a lo que se suma que son largos los procesos que van de la ratificación de la denuncia a la designación de fecha por audiencia.

Actualmente la capital sufre de los altos índices de criminalidad provocados por la falta de gobernabilidad y la desatención a las demandas ciudadanas por las administraciones anteriores, que a decir de la que está a cargo de Sheinbaum, propició el establecimiento y propagación de bandas delictivas y el surgimiento de pugnas entre estas agrupaciones reflejándose en una espiral de violencia, principalmente en el número de homicidios, robos con violencia, extorsiones, trata de personas y venta de estupefacientes en la vía pública.

En el capítulo titulado Cero Agresión, Mayor Seguridad, el documento indica que la estrategia de seguridad aplicada por gobiernos pasados abandonó modelos exitosos y los remplazó por estrategias de reacción que no abonaron a la prevención del delito.