En México se utilizan plaguicidas altamente peligrosos que están prohibidos en otros países. A la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) llegaron denuncias en ese sentido desde 2017, pero no fueron atendidas.

La CNDH alerta formalmente

En el país, 4 mil de esos productos tienen registro otorgado por el organismo, de los cuales cerca de 900 son cancerígenos, pueden causar alteraciones al sistema endócrino de los seres humanos y son tóxicos para el medio ambiente, determinó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en una recomendación, ya aceptada por la nueva administración de Cofepris.

Esta es apenas una de las irregularidades identificadas por el comisionado José Alonso Novelo Baeza, por las cuales asegura que sus antecesores se olvidaron de la obligación que tiene la Cofepris de proteger a la población de los riesgos contra la salud.

El pasado miércoles, en su comparecencia ante la Comisión de Salud del Senado de la República, el funcionario señaló que los plaguicidas mencionados están prohibidos o restringidos en los convenios de Róterdam sobre el procedimiento de consentimiento de ciertos químicos peligrosos, y en el de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes. Ambos entraron en vigor en 2004 y desde años atrás fueron suscritos por México.

En su investigación, la CNDH documentó que de los 35 plaguicidas, cuyo uso está prohibido en el Acuerdo de Róterdam, en el país no se permite la importación de 20, pero permite el intercambio con ciertas condiciones de 10 de ellos y del resto –otros cinco– la Cofepris no proporcionó información. En cuanto a pesticidas, de los 17 incluidos en el Convenio de Estocolmo, en México sólo ha cumplido con las restricciones fijadas para ocho de ellos. Novelo Baeza señaló que a pesar de los indicios que se presentaron a la Cofepris no se realizaron las evaluaciones de riesgo por molécula. Como parte del cumplimiento de la recomendación emitida el pasado diciembre, ya se estableció un grupo de trabajo intersecretarial para lograr la gestión segura de plaguicidas y modificar la Norma Oficial Mexicana (NOM) 232.

La recomendación de 165 páginas se dirigió, además de la Cofepris, a las secretarías de Medio Ambiente, de Agricultura y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica). Del documento destaca también que la autoridad sanitaria se tardó cinco meses en atender el requerimiento de información que le hizo la CNDH y que, al entregarla, incurrió en contradicciones sobre el periodo de vigencia de los registros, pues en una parte del texto alude queson indefinidos y en otra refiere que vencen cada cinco años.

Otra irregularidad identificada por el organismo garante de los derechos humanos fue que en noviembre de 2017 la Cofepris informó que desde 2015 canceló 146 registros sanitarios, pero en octubre de 2018 reportó que sólo se cancelaron 80 autorizaciones de comercialización.

Plataforma endeble y cara

Ante los senadores, Novelo Baeza señaló otras deficiencias como que la mayoría de los trámites sustantivos se realizan en papel; no hay archivos digitales, mientras los sistemas de información electrónicos que existen dependían de proveedores externos de software que cobraban altos costos por el uso de licencias de soporte técnico y horas de asesoría.