La alcaldía de Miguel Hidalgo separó a Elizabeth Quiroz de la jefatura de Unidad Departamental de Atención a Emergencias Prehospitalarias en tanto se deslindan responsabilidades en el caso de María Guadalupe Fuentes Arias, quien murió el 19 de febrero al no recibir atención médica oportuna tras aparentemente sufrir un infarto cerebral dentro de la estación Tacubaya del Metro.

Quiroz, quien labora desde hace ocho años en la citada alcaldía, es investigada porque brindó primeros auxilios a la mujer de 56 años, a quien encontró sentada en las escaleras de la estación Tacubaya y diagnosticó estado etílico y probable consumo de enervantes.

En tanto, el Gobierno de la Ciudad de México admitió que la actuación de algunos funcionarios públicos en este caso fue inhumana e imperdonable, por lo que reiteró su compromiso de hacer justicia, e incluso el jefe de la policía, Jesús Orta Martínez, ofreció disculpas.

En conferencia de prensa, en la que no se permitieron preguntas, la directora del Metro, Florencia Serranía, señaló que tras este hecho –que implicó el cese de la jefa de estación de Tacubaya, Beatriz Martínez, un mes después–, desde el 20 de febrero se cuenta con un servicio de ambulancia exclusivo, que es activado cuando el arribo de un vehículo público es mayor a 30 minutos, y se capacitó a mil policías en primeros auxilios.

Con la voz entrecortada y luego de dos días de que se dio a conocer el hecho, la funcionaria dijo que la mujer permaneció más de 29 horas a la intemperie y admitió que tuvo conocimiento de los hechos el 17 de febrero –un día después de que la víctima fue desalojada de las instalaciones por cinco policías–, por lo que se interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia.

Orta admitió que los cinco elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) involucrados no cumplieron con el protocolo de actuación. Asumo la responsabilidad que me corresponde por estos hechos, dijo, y agregó que resolver esas deficiencias, evitará que tengamos actuaciones policiales negligentes, violentas e inhumanas en el futuro”.

La procuradora general de Justicia, Ernestina Godoy, señaló que ya se revisaron los videos, se entrevistó al apoderado legal del Metro y a mandos de la PBI; se solicitó el expediente clínico de la mujer al IMSS y se está a la espera del informe del Instituto Nacional de Neurología. Además, se cuenta con los dictámenes de criminalística y fotografía clínica, los reportes que se hicieron al 911 y la necropsia.

En tanto, el Sindicato de Trabajadores del Metro calificó de injustificado el despido de la jefa de estación, Beatriz Martínez, al asegurar que no fue responsable del desalojo de la mujer ni incumplió con el protocolo de actuación”.

Por su parte, diputados del PAN presentaron en la PGJ una denuncia por negligencia y omisión contra la directora del Metro, Florencia Serranía, y el director de la PBI, Pablo Ovalle; exigieron su renuncia e inhabilitación; y advirtieron que también acudirán a la Contraloría General y a la Comisión de Derechos Humanos local.

Al respecto, la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó qué hay quienes pretenden politizar este caso e insistió en que nosotros actuamos responsablemente y quien tiene que hacer la investigación es la procuraduría y en todo caso la Contraloría.