Brasilia. Cuatro de cinco jueces de la quinta sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Brasil respaldaron este martes reducir la condena del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva de 12 años un mes a ocho años 10 meses de cárcel por el caso de corrupción con la constructora OAS, en el que fue sentenciado sin que se presentaran pruebas de su culpabilidad.

Con este resultado, Lula, de 73 años, podría alcanzar prisión domiciliaria o pedir un régimen semiabierto a partir de septiembre próximo. Pero, como responde a otros procesos, puede sufrir nuevas condenas que lo mantengan en la cárcel o lo regresen tras las rejas, pese a que tenga la resolución de los jueces.

Los ministros Felix Fischer, relator de la operación anticorrupción Lava Jato (Lavado Rápido) y quien propuso reducir la sentencia, Jorge Mussi, Ribeiro Danta y Reynaldo Soares da Fonseca, presidente de la sala, dieron su voto a favor, mientras un quinto magistrado no participó por tener conflictos de intereses en esta resolución. Los jueces aclararon que su conclusión no es definitiva ni quita los cargos al ex mandatario.

Cristiano Zanin Martins, abogado de Lula, dijo en un comunicado que el ex presidente no se ha pronunciado sobre el resultado del juicio, porque entendemos que el único desenlace posible es la absolución del ex presidente Lula porque no ha cometido ningún crimen. La decisión de la corte se emitió a solicitud de los letrados del acusado, quienes pidieron anular la condena o reducir la sentencia.

La pena estipulada por Fischer es menor incluso que la aplicada en primera instancia por el ex juez federal Sérgio Moro, hoy ministro de Justicia y Seguridad Pública, a nueve años seis meses, o por la corte de apelación en segunda estancia a 12 años un meses.

El líder del Partido de los Trabajadores fue condenado sin pruebas en primera y segunda instancias por los delitos de corrupción pasiva y blanqueo de dinero al ser el supuesto beneficiario de un departamento tríplex en Guarujá, litoral del estado Sao Paulo, otorgado por la constructora OAS para obtener contratos con la estatal Petrobras.

Desde el 7 de abril de 2018 Lula está preso en una celda especial de 15 metros cuadrados, en un edificio de la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, en el sur del país, sede del tribunal a cargo de la operación Lavado Rápido.

La defensa de Lula niega las acusaciones en función de que el inmueble permaneció formalmente bajo propiedad de la OAS, y acusa que hay una persecución política contra el ex gobernante.