Ser niño en Chiapas: entre
la pobreza y el trabajo invisible

Kathia Núñez Patiño y Cecilia Alba Villalobos  Profesoras-investigadoras de la UNACH 
Jennifer Haza Gutiérrez  Directora de Melel Xojobal A.C.

Al suscribir la Convención de los Derechos de la Niñez, en 1990, el Estado mexicano se comprometió a generar condiciones para garantizar los derechos de la infancia en el país. No obstante, fue la presión e insistencia de organismos internacionales, como el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, y de organizaciones de la sociedad civil nacional y local, la que impulsó la definición de leyes y programas diseñados para atender a este sector.

Así, se han generado políticas públicas e instancias gubernamentales sobre el tema; sin embargo, debido a la falta de recursos, tanto humanos como materiales, aún no es existe un órgano consolidado que atienda a cabalidad a la niñez del país y proteja sus derechos humanos.

La creación del Sistema Nacional de Protección Integral para Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), en 2015, con la instrucción de replicarse en estados y municipios, representa un esfuerzo por concretar una política integral en torno a los derechos de la niñez de México, de ahí la relevancia de analizar hacia dónde se orientan sus perspectivas y acciones.

En el caso de Chiapas, la entidad arrastra una gran cantidad de problemáticas sociales (marginación, inequidad, discriminación, inseguridad, etc.) históricamente desatendidas, y expresadas nítidamente en su infancia y juventud. De acuerdo con UNICEF (2017) en México 39.2 millones son niñas, niños o adolescentes; y Chiapas es la entidad con la población más joven (INEGI, 2015): en 2013 el 41.7% de sus habitantes era menor de 18 años. La densidad demográfica de este grupo muestra la importancia de revisar cómo se atiende; no solo porque Chiapas tiene el mayor número de habitantes menores de 18 años, sino también el primer lugar en indicadores de pobreza en la niñez, con 82%, de acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Uno de los aspectos que atraviesa la condición de la infancia en el estado es la creciente migración a las ciudades de niñas, niños y adolescentes que se insertan al trabajo en las calles. Según datos de Melel Xojobal (2015), en San Cristóbal de Las Casas más del 90% de la niñez trabajadora es indígena. Esta migración se debe, entre otros factores, a la pauperización de las condiciones de vida en las familias campesinas indígenas, que les obliga a dejar sus comunidades de origen, situación que manifiesta no solo el despojo continúo de sus territorios, si no de sus prácticas culturales de organización comunitaria, vinculadas al trabajo de la tierra.

El módulo de trabajo infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2017 registra que Chiapas supera la tasa nacional de participación laboral de niñas, niños y adolescentes con el 12.8%. De esta participación de 164 mil 678, de entre cinco y 17 años que reporta el INEGI, la gran mayoría trabaja en el sector agrícola, con el 70%; el 19.8% en comercio y servicios, y 10.1% en la industria y la construcción.

Esta información sobre la condición laboral de la niñez es un gran avance -hoy en riesgo por la suspensión de recursos federales a INEGI para realizar esta encuesta-, sin embargo, aún falta mayor información que permita acceder a datos más precisos de la diversidad de contextos socioculturales y económicos del trabajo de niñas, niños y adolescentes, sobre todo en el campo chiapaneco. En octubre del 2018, el titular de la Secretaría del Trabajo en Chiapas, Oscar Ochoa Gallegos, informaba que la explotación de niñas, niños y adolescentes se da principalmente en las ciudades más grandes, donde las madres se desempeñan en actividades domésticas, llevando con ellas a sus hijas e hijos, dato poco visibilizado. El problema también se refleja, según el funcionario, en los centros agrícolas de la entidad, como las fincas cafetaleras, bananeras o cacahuateras, donde la niñez se dedica a la cosecha, mientras que en lugares como Simojovel o Bochil, son empleados para la extracción del ámbar¹. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera estas actividades las peores formas de trabajo infantil.

Estos datos no se pueden sustentar con mayor información, pues si bien anunció la creación del  Observatorio de Trabajo Infantil y Adolescente (OTIACH) desde 2014, que tendría como función analizar las cifras para crear estrategias que atiendan a esta población, este organismo, como único en México² y con cinco años de creación, no tiene información en su sitio web y su página en Facebook tiene actividad hasta el 29 de octubre de 2018³.

Las políticas públicas, las instancias gubernamentales para aplicarlas y el discurso oficial dicen darle prioridad a la niñez, pero no canalizan recursos al tema. Un ejemplo es el Programa Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, aprobado en noviembre de 2018 por el SIPINNA Chiapas, que tiene una estrategia para “proteger a niñas y niños y adolescentes de la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso”, pero queno cuenta con recursos para su implementación.

A esto se agrega el reto de atender el problema multidimensional del trabajo de la niñez, pues los grupos organizados de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores (NNAT), han puesto énfasis en señalar la importancia del trabajo digno y el aporte económico que dan a sus familias. Desde este posicionamiento político se sustenta su demanda por la reglamentación del trabajo para contar con medidas que les protejan de la explotación y la criminalización; los NNAT defienden su derecho al trabajo digno, diferenciándolo del trabajo infantil explotador, al nombrarse como trabajadores y visibilizando su aporte y participación social como niñas, niños y adolescentes.

En este sentido, el trabajo es uno de los derechos más debatidos de la niñez y la juventud, sobre todo el que se realiza en el campo chiapaneco, en diversos contextos socioculturales: desde una de la peores formas de trabajo infantil en las plantaciones agrícolas, hasta el trabajo que realizan con sus familias en comunidades indígenas como un aporte de prácticas culturales que promueven la colaboración, solidaridad y reciprocidad en el trabajo colectivo que sustenta la demanda de autonomías y la defensa de los territorios.

En cualquier caso, la aproximación necesaria es la consideración de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos con los que el Estado tiene la obligación de anteponer el interés superior de la niñez en todas sus acciones de gobierno, considerando los intereses y preocupaciones de la infancia y estableciendo diálogos directos con la niñez trabajadora y sus familias. Sólo así se darán pasos hacia el respeto y protección integral de sus derechos. •

---

1.- En Chiapas aumentan cifras de trabajo infantil. 29 de octubre 2018.

2.- Contará Chiapas con Observatorio de Trabajo Infantil. 06 agosto 2018.

3.- Observatorio de Trabajo Infantil y Adolescente (OTIACH), último acceso el 19 de marzo de 2018.

opiniones, comentarios y dudas a [email protected]

jornadadelcampo     La Jornada del Campo     la_jornada_del_campo