Necesario garantizar el acceso a la justicia

Sandra Mejía Martínez  Legislación y Políticas Públicas REDIM

Niños, niñas y adolescentes son los principales perjudicados por las situaciones de inequidad y los contextos de violencia.

El Estado mexicano debe proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en todo el territorio nacional. Para eso, es indispensable que se brinde un efectivo acceso a la justicia, en especial en municipios rurales, donde la población indígena es predominante y la incidencia de la pobreza es mayor. Entre 2014 y 2016 se observó una disminución de 2.8 puntos porcentuales de la población infantil y adolescente en condición de pobreza en el país. Sin embargo, el porcentaje de población de 0 a 17 años en condición de pobreza extrema o moderada se incrementó en seis entidades (Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche y Ciudad de México) [Fuente: Procesado por REDIM. Estimaciones del CONEVAL con base en el MEC 2016 del MCS-ENIGH. Base de datos].

El escenario de violencia extrema en interacción con otros factores como pobreza, inequidad y exclusión social propicia sucesivas formas de vulneración a los derechos humanos, genera círculos viciosos difíciles de revertir para la infancia, caracterizados por la ausencia de oportunidades y condiciones de desarrollo que orillan a los menores a abandonar la escuela o bien dedicarse a actividades ilícitas. El concepto de acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes es complejo e involucra diversos elementos. Para que una niña, niño y adolescente acceda a la justicia y haga valer sus derechos humanos, no basta con la declaración formal de los mismos. Es necesario que existan una serie de adecuaciones, especialidad, mecanismos y garantías para que dichos derechos se hagan efectivos.

Las niñas, niños y adolescentes están expuestos a diversas formas de violencia física, sexual y psicológica en los entornos en los que se desarrollan: el hogar, la escuela, los sistemas de protección y justicia, los espacios de trabajo y la comunidad. Estas formas de violencia pueden incidir negativamente en su desarrollo, salud, integridad física y bienestar, generando repercusiones y secuelas individuales y sociales a corto y mediano plazo. La situación de dependencia de los adultos y la justificación social del uso de la violencia como método de disciplina y obediencia, además de la escasa denuncia de este delito, dificultan la prevención y erradicación de este problema.

El ejercicio de la violencia al interior del hogar, así como en espacios públicos comunitarios, escolares o laborales es frecuente y relativamente aceptado en todo el país, y se presenta entre todos los grupos sociales, independientemente de los niveles de ingresos, la escolaridad, el sexo y/o la condición de habla indígena de las víctimas y sus entornos familiares. Sin embargo, hay patrones diferenciados en cuanto al sexo de las víctimas y, posiblemente, entre contextos rurales o urbanos y/o indígenas. Estas últimas diferencias pueden ser relevantes en algunos Estados, donde más de la mitad de la población es rural, uno de cada tres habitantes habla una lengua indígena y más de la mitad de la población se considera indígena.

En el caso de niñas, niños y adolescentes, únicamente una pequeña proporción de los actos de violencia es denunciada. Según la ENVIPE, en 2016, la estimación de la cifra negra de delitos, es decir, los actos delictivos que no son reportados ante el Ministerio Público, o que aun siendo denunciados no derivaron en el inicio de una averiguación previa o carpeta de investigación, asciende a 93.6 por ciento.

Es necesario fortalecer las instancias de procuración e impartición de justicia. El papel que desempeñan las Procuradurías de Protección Municipales o bien las Unidades de Primer contacto, quienes son las encargadas de coordinar la restitución de derechos de niñas niños y adolescentes cuando son victimas de alguna violencia o acceso a algún derecho. También se requieren medidas especiales para asegurar el acceso a la justicia de todas las comunidades, particularmente las más pobres y con niveles altos de actividad delictiva.

Las niñas, niños y adolescentes se enfrentan con tremendas barreras para acceder a la justicia, y se encuentran en condiciones desiguales respecto de los adultos para reclamar sus derechos ante los tribunales. El sistema procesal generalmente se encuentra construido desde una perspectiva para los adultos, cuya complejidad imposibilita o complica el acceso a niñas niños y adolescentes.

En algunos municipios rurales el papel del síndico se vuelve fundamental en el acceso a la Justicia ya que el Ministerio Público se encuentra fuera de la comunidad; se deben adoptar medidas positivas que permitan el acceso a la justicia en condiciones de igualdad.

Niños, niñas y adolescentes son los principales perjudicados por la situaciones de inequidad y exclusión social, contextos de violencia e inseguridad, la falta de una garantía efectiva a sus derechos reconocidos en la Convención de los derechos del Niño, así como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, lo sitúa en una condición especial de vulnerabilidad si se agrega que actualmente en  diversos estados de la República Mexicana existe pobreza y  presencia de grupos violentos y crimen organizado donde se exponen a ser captados, utilizados, abusados  y explotados por dichos grupos. •

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