La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos manifestaron su preocupación por la situación del desplazamiento interno forzado en México, que de acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh), a finales de 2017 había 329 mil 917 personas en esa condición.

Por ello, apremiaron al Estado mexicano a reconocer el fenómeno del desplazamiento interno, a elaborar un diagnóstico y a recolectar datos sobre esta problemática, así como crear una ley específica para atender a víctimas del mismo y prevenirlo.

Ambos organismos internacionales reconocieron ayer, mediante un comunicado conjunto, la reciente sentencia del décimo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito en la que se señala que quienes han sido desplazados de manera forzada deben ser reconocidos como víctimas de violación a sus derechos con base en la Ley General de Víctimas.

“El tribunal reconoció que el desplazamiento interno es una violación a derechos humanos y que las personas desplazadas suelen enfrentarse a diversos obstáculos, como carecer de documentación o problemas para ejercer sus derechos, incluyendo el acceso a recursos efectivos, debido a que pueden tener dificultades para comparecer en juicios que se desarrollan en entidades federativas distintas adonde se han refugiado.

Además, determinó que tienen necesidades médicas, sicológicas, jurídicas y de trabajo social en todos los rubros, pues el desplazamiento normalmente implica la pérdida de empleo, vivienda y educación, subrayaron.

La sentencia del tribunal se dio al ratificar un amparo que interpuso la Cmdpdh, luego de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se negó a reconocer como víctimas de violación a sus garantías a 94 miembros de la familia Ponce Ríos, de Saucillo, Chihuahua, quienes debido a la violencia y amenazas en su contra tuvieron que abandonar en 2013 la tierra en la que se habían arraigado por varias generaciones, caso al que La Jornada ha dado puntual seguimeinto.

El fallo asienta que la CEAV es la autoridad competente para otorgar la condición de víctima a personas que hayan sufrido desplazamiento interno forzado.

Esto, dijo el comisionado de la CIDH, Luis Ernesto Vargas, es fundamental para garantizar el goce de los derechos humanos de las miles de personas desplazadas en México. En especial debido a los grandes vacíos que tiene el Estado mexicano en la materia; hasta el momento, a escala federal, sólo se ha incluido a las personas desplazadas internas en la Ley de Víctimas, pero no se ha desarrollado ni implementado una legislación específica o políticas públicas para abordarlo.

Por su parte, Cecilia Jiménez-Damary, relatora de la ONU sobre los derechos humanos de los desplazados internos, afirmó que la decisión del tribunal mexicano es esencial para concientizar sobre la difícil situación de estas personas en el país, quienes a menudo son altamente vulnerables y necesitan protección y asistencia, que es responsabilidad primordial del Estado mexicano proporcionar. Adicionalmente, la sentencia demuestra una vez más el papel fundamental que pueden desempeñar las autoridades judiciales en la protección de los derechos humanos de los desplazados.