Cuatro de los cinco expertos que conformaron el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Iguala podrían regresar a México en uno o dos meses con el propósito de sumarse a las investigaciones por los crímenes cometidos contra los normalistas de Ayotzinapa.

El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, formalizó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la petición para que esos ex integrantes del GIEI regresen al país. Esto como parte de los trabajos de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa que fue creada por decreto presidencial.

Ayer se realizó la cuarta sesión ordinaria de dicha comisión, que es encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, y de la que además de funcionarios federales forman parte familiares de los 43 normalistas desaparecidos en los hechos de los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, así como miembros de las organizaciones civiles que los han acompañado.

Humberto Guerrero, integrante de la comisión y representante de Fundar, dijo que se solicitó el retorno de la colombiana Ángela Buitrago, la guatemalteca Claudia Paz, el chileno Francisco Cox y el español Carlos Beristain. El colombiano Alejandro Valencia no podrá sumarse a los trabajos en México debido a que forma parte de la comisión de la verdad en su país.

Los nuevos acuerdos establecidos con la CIDH señalan que pueden venir incluso más especialistas, pero por el momento consideramos que la presencia de ellos cuatro es fundamental, pues ya conocen el caso y podrán continuar con las líneas de investigación que dejaron pendientes (luego de que el gobierno de Enrique Peña Nieto rechazó firmar los acuerdos para extender su labor), indicó.

La idea, sostuvo, es que se sumen a los trabajos de la comisión presidencial y observen las indagatorias que realizará la Fiscalía General de la República (FGR). Podrán revisar y acceder a información y lugares, proponer diligencias, líneas de investigación o incentivos a quienes están detenidos por los crímenes señalados, y que puedan aportar información que lleve a la verdad, la justicia y la localización de los 43 estudiantes.

Humberto Guerrero confió en que a diferencia de la pasada administración federal, con la actual se brinden mayores facilidades a los expertos internacionales.

Informó que en la reunión también se detallaron los puntos concretos del acuerdo para el caso que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador firmó con la alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, durante su visita oficial al país.

Otro de los puntos analizados en la sesión fue que a través de Encinas se insista al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, sobre la urgencia de nombrar al fiscal especial para el caso Ayotzinapa.