El consejero jurídico del Gobierno de la Ciudad de México, Héctor Villegas, indicó que la disputa que se mantiene con un particular por el predio de Montes Apalaches número 525, ubicado en la tercera sección del Bosque de Chapultepec, será dirimida en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde los ministros deberán definir a quién asiste la razón.

En entrevista, el servidor público indicó que el litigio está en la última etapa del proceso en un tribunal colegiado, ante el cual se alegó que el gobierno de la ciudad no está en posibilidades de entregar los terrenos, porque el demandante no acredita la propiedad de todo el terreno.

Villegas explicó que el predio de 4 mil 799 metros cuadrados tiene dos dueños y uno fue el que inició un juicio para que se le restituyera la propiedad tras la expropiación para crear el Bosque de Chapultepec, pero sólo en 50 por ciento de los terrenos que le correspondían.

Sin embargo, en algún momento durante el proceso la demanda se extendió a cien por ciento del predio, pero nunca acreditaron tener la propiedad. Eso es lo que nosotros estamos revisando, porque pueden tener razón en la parte que les corresponde, pero no en todo el terreno. Aquí nosotros lo que estamos alegando es que estamos imposibilitados a dar cumplimiento a la sentencia que pide la restitución, porque no le vamos dar algo que no acredita, apuntó.

Recuperar espacios

El tema es que cuando se venzan los plazos el tribunal colegiado tendrá que turnar el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esperamos que ahí se resuelva.

La Consejería Jurídica y de Servicios Legales será la que lleve la defensa de este predio y los trabajos para recuperar los espacios invadidos en el Bosque de Chapultepec.

En días pasados, se integró un frente para impedir su privatización, en el que participan el Congreso capitalino y la alcaldía de Miguel Hidalgo, apoyados por los vecinos de las colonias aledañas.

También se hará un análisis jurídico minucioso y detallado del problema para revertir la decisión del juzgado cuarto de distrito en materia administrativa, que ordena al Gobierno de la Ciudad de México cambiar el uso de suelo en beneficio de un particular.