Con el sistema de concesiones de la actual Ley de Aguas Nacionales, se han otorgado títulos a instituciones bancarias. Así, con esta legislación no se pueden garantizar los derechos humanos y de los pueblos, además de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no sabe cuánto líquido está disponible, señaló la coordinadora nacional Agua para Todos.

Una vez que este lunes se vence la prórroga de seis meses para poner en marcha el sistema en línea para la entrega de concesiones –anuncio que hizo la administración pasada de la Conagua ante las protestas por el sistema Conagua digital–, la coordinadora recomendó reinstaurar todas las vedas, actualizar los reglamentos para asegurar el respeto del derecho humano y de los pueblos al agua y que no se otorguen nuevas concesiones hasta contar con una ley general de aguas que asegure el acceso equitativo y sustentable.

En un análisis, la coordinadora advirtió que el sistema de concesiones ha llevado a dinámicas de acaparamiento, sobreconceción, contaminación, corrupción e impunidad.

Agilizar la solicitud de concesiones en la ausencia de una ley general de aguas que garantice los derechos humanos sólo profundizaría la crisis actual, asegura.

Bajo la Ley de Aguas Nacionales, hasta el 4 enero pasado se habían otorgado 531 mil 357 concesiones para periodos de hasta 30 años. Por ejemplo, dijo, hay algunas que tienen fines especulativos, como la otorgada a Banco Invex –con clave 04MEX154944/18AMDL15– para 72 millones litros anuales de aguas subterráneas para uso agrícola, en Valle de Bravo, estado de México. Otro caso es la 08NAY108341/12AMDL08, otorgada a BBVA Bancomer, para 768 millones litros anuales de aguas subterráneas para uso agrícola, en Valle de Matatipac, Tepic, Nayarit.

La directora de la Conagua, Blanca Jiménez, anunció que el sistema Conagua en línea se pondrá en marcha luego de garantizar el derecho humano al agua y los recursos para el medio ambiente. Aun así, esto es riesgoso, considera la coordinadora, ya que en la actual legislación, la Conagua debe otorgar cualquier solicitud de concesión excepto en casos como afectación a un caudal ecológico, a un volumen reservado, a una zona vedada o a aguas sujetas a convenios internacionales.

También la coordinadora señaló que la Conagua desconoce la cantidad de líquido disponible, porque la fórmula que se utiliza es arbitraria. Indicó que carece de mecanismos de vigilancia para asegurar que las disponibilidades dictaminadas en realidad estén disponibles.

Al agilizar el concesionamiento de estos volúmenes, se están generando derechos para particulares a costa de comunidades y el medio ambiente, indicó.

El uso público urbano no garantiza el derecho humano al agua, sino que la pone en manos de un gobierno estatal o municipal para su distribución según sus propios criterios, destacó.