La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) está desdibujada. Si en otras administraciones se le vio como organismo débil, por bajo presupuesto y falta de autonomía, ahora su presencia es aún menor. Hay retraso en la resolución de denuncias, la información oficial sobre sus actividades es escasa, sigue con pocos recursos humanos y materiales para la vigilancia en el territorio nacional, advierten organizaciones. Además se desconoce si continúan en operación sus delegaciones y hay versiones de que incluso podría desaparecer.

En la Profepa ni siquiera se pudo entregar a este diario los nombres de los subprocuradores; en la página de Internet desapareció el directorio. Hasta hace unas semanas, sólo seguía Ignacio Millán al frente de la subprocuraduría de Recursos Naturales. Tampoco se entregó el balance solicitado al área de comunicación sobre las acciones realizadas en los primeros cuatro meses.

Ese organismo fue creado en 1992 y está sectorizado en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). El presupuesto de la Profepa ha ido a la baja en los años pasados: en 2013 era de mil 52 millones de pesos, en 2018 pasó a 900 millones y en 2018 bajó a 796 millones.

Una de las viejas demandas ha sido que la Profepa sea organismo autónomo, con jueces o tribunales especializados, clave para una justicia ambiental, sostuvo María Colín asesora legal de Greenpeace. La procuradora ambiental, Blanca Mendoza, viene de la Secretaría de la Función Pública, es abogada por la UNAM y puede saber de administración pública o de derecho, pero se ve carente del tema de derecho ambiental, dijo Colín en entrevista.

Se debe fortalecer el equipo de inspectores, dar más capacitación y brindar seguridad frente al crimen organizado, agregó. No se sabe cuál será el futuro en la Profepa ni cómo se combatirá el rezago. En años anteriores, la Auditoría Superior de la Federación lo ha señalado en denuncias ciudadanas. De 2012 a 2018 hubo 24 mil trámites concluidos, se cumplió 78 por ciento de la meta de ese indicador. Colín agregó que ante la tendencia del actual gobierno de concentrar desde el centro y con el nombramiento de los superdelegados, se desconoce la forma en que quedaron las oficinas de la Profepa en los estados.

De manera general se observa retraso en la atención de las denuncias, carecen de personal suficiente para hacer el trabajo, tienen pocos infraestructura y recursos materiales, incluso para gasolina o vehículos. Los temas ambientales están volando muy bajo, no ha habido una conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en la que se hayan tocado, indica información recabada en las oficinas regionales del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

Señaló que hay poca interacción con la sociedad civil y su capacidad está disminuida. Además, el trabajo de denuncias que hacen las organizaciones no es bien visto; actualmente no se ve a la Profepa. Sobre si la intención sería desaparecer a ese organismo, reconocieron que el tema ambiental no es prioridad.

Agregó que siempre se aplaudió la existencia de la institución, pero al mismo tiempo se ha señalado su debilidad, pueden tener la mejor disposición pero sin recursos materiales, poco personal, inteligencia para ir adelante de quienes violan la ley, se queda en los deseos. No llega a la materialización de lo que se tiene hacer.