El gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe crear un nuevo registro nacional de personas desaparecidas, que cumpla con criterios definidos por organismos internacionales, y así evitar los errores cometidos por otras administraciones en esa materia, señala un estudio reciente del Instituto Belisario Domínguez (IBD), dependiente del Senado de la República.

En el documento, titulado Historia, retos de mejora y cifras del registro de personas desaparecidas, se hace un recuento de las acciones realizadas por el Estado mexicano para llevar un conteo de las víctimas de ese delito, las exigencias y señalamientos de organizaciones nacionales e internacionales y las principales fallas de las autoridades en ese sentido.

El nuevo mecanismo de registro, indica el estudio, debe cumplir con varios requisitos, entre ellos reflejar de manera exhaustiva y adecuada todos los casos de personas desaparecidas, incluyendo información que permita distinguir cuáles de ellos fueron cometidos por particulares o por agentes estatales.

Datos actualizados de manera permanente

De igual forma, debe permitir que se generen datos estadísticos, actualizados de manera permanente, uniforme, exhaustiva e inmediata, bajo criterios claros y homogéneos, con miras a desarrollar políticas públicas integrales y coordinadas para prevenir, investigar y sancionar las desapariciones.

“Al crear este nuevo registro –subraya el análisis del IBD–, no se deberán repetir los errores del anterior Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desapa-recidas”, como la falta de reglamentación secundaria y de recursos económicos suficientes para echarlo a andar de manera adecuada.

Otra falla que debe evitarse, agrega el informe, es usar las denuncias formales o investigaciones ministeriales como la unidad de observación o de conteo de víctimas.

El informe establece que las autoridades deben crear una serie de organismos complementarios del registro, entre ellos el Banco Nacional de Datos Forenses, en el cual deben preservarse los datos de los registros de fallecidos de la Federación y las de entidades federativas, incluyendo información genética.

También deben crearse registros nacionales de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas, de fosas comunes y de fosas clandestinas y administrativo de detenciones, para no descartar la búsqueda de desaparecidos en ningún ámbito, ni que las víctimas puedan ser encontradas con vida.