La Red Binacional de Organizaciones de Braceros 1942-1964 presentó una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano para exigir el pago del dinero que debe a sus integrantes o a sus familiares desde hace más de medio siglo por el trabajo que realizaron en Estados Unidos.

En conferencia de prensa, los inconformes explicaron que el 29 de marzo acudieron ante la sede de la CIDH en Washington para denunciar que en octubre de 2018 la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) echó abajo un amparo que una juez de distrito había otorgado dos años antes a los braceros.

El 29 de febrero de 2016, recordaron los representantes de los trabajadores, la juez segunda de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Paula María García Villegas, concedió un amparo a más de 5 mil braceros y ordenó que el gobierno mexicano les pagara sus fondos de ahorro.

No obstante, la SCJN anuló la sentencia al convalidar el argumento de las autoridades del país de que las pruebas documentales sobre el dinero que corresponde a cada ex bracero habían desaparecido a causa del sismo del 19 de septiembre de 1985, pero sin explicar con detalle en qué lugar se encontraban esos documentos.

Tras el largo proceso legal que han seguido para recuperar sus ahorros, y por considerar que ya se han agotado todas las instancias judiciales mexicanas, los ex trabajadores y sus familias acudieron ante la CIDH y el mismo día fueron recibidos por los congresistas demócratas Tony Cárdenas, Joaquín Castro y Raúl Grijalva, quienes les manifestaron su apoyo.

Los ex braceros llamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a resolver definitivamente esta deuda histórica y se dijeron dispuestos a negociar para que la entrega de sus fondos de ahorro no perjudique la economía del país.