La vivienda rural debe ser considerada como un elemento prioritario en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en medio de una política integral de respeto y cooperación entre el campo y la ciudad, demandaron académicos e investigadores de una docena de universidades e instituciones de educación superior del país.

En un documento entregado a la Presidencia de la República, con 50 recomendaciones para reactivar el campo con una política integral, aseguran que el país tiene una gran deuda con el medio rural y el campo, por lo que se propone derogar las reformas al artículo 27 constitucional, relacionado con la posesión de la tierra y el ejido.

En conferencia, Juan Tinoco Molina, director de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Tecamachalco, del Instituto Politécnico Nacional; Ricardo Tena, académico de la misma institución, y Francisco Acatzin Espinosa, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, mostraron con cifras y datos oficiales que el campo enfrenta una crisis extrema y una terrible descomposición de su tejido social.

Es urgente que el actual gobierno establezca una política de Estado que detone el desarrollo integral del campo y priorice el bienestar de los pueblos originarios y las comunidades campesinas, tomando la vivienda rural como estrategia fundamental, señala el documento de 14 cuartillas titulado La vivienda rural en el nuevo proyecto nacional: política prioritaria.

Al presentar una apretada síntesis de la situación del campo, Tena señaló que el documento elaborado de manera colectiva concluye que en las pasadas cuatro décadas el neoliberalismo decretó el fin de la propiedad social, legalizó el despojo y la privatización de ejidos y comunidades, fragmentó el territorio y puso en riesgo la existencia de comunidades enteras.

Tinoco Molina reconoció que el plan de estudios del plantel está alejado del desarrollo rural, pues en la formación de los nuevos profesionales se ha privilegiado la construcción urbana.

En el documento también colaboraron académicos e investigadores de la UAM, la Escuela y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, entre otros.