A manos de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Michelle Bachelet, llegó la demanda de la Red Nacional de Refugios AC (RNR) al gobierno federal de desarrollar en conjunto con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) una política de estado que garantice la integridad, la seguridad y la vida de las mujeres en México con presupuesto asignado en el Programa de Egresos de la Federación (PEF).

Esta organización que brinda protección a mujeres víctimas de violencia extrema presentó un informe a la funcionaria internacional en el que solicita se exhorte al Estado mexicano a considerar a los refugios de las OSC y sus Centros de Atención Externa, como mecanismos que previenen feminicidios. A su vez solicitó a la titular de la ONU-DH que dichos albergues sean reconocidos como dispositivos cruciales para una respuesta integral a las sobrevivientes de violencia.

Ello entre la incertidumbre que aún existe sobre la asignación de subsidios al servicio de refugios, que en ocasiones extienden la ayuda a los hijos menores de edad de las víctimas.

La RNR pidió invitar a la administración federal a reconocer y respetar el derecho que tienen las OSC a participar en el desarrollo y seguimiento de los programas, acciones y políticas públicas a favor de la igualdad y los derechos humanos femeninos.

La organización, a cargo de Wendy Figueroa, recordó que el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por las siglas en inglés) ha insistido en la necesidad de ampliar y establecer servicios especializados gratuitos.

La red también expuso un panorama adverso sobre la situación que viven las víctimas: son discriminadas en las instituciones públicas que forman parte de un mecanismo de atención. En las entidades de seguridad y procuración de justicia sigue predominando una situación de impunidad, que ha llevado a México a ocupar los primeros lugares de 13 países con muy altos niveles de impunidad, expuso la activista.