La titular del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Michelle Bachelet, firmará con el gobierno de Andrés Manuel Lopez Obrador un convenio de colaboración para coadyuvar en las investigaciones del caso Ayotzinapa, ello luego que lograran destrabarse las negociaciones en la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La Jornada dio a conocer el viernes que en el contexto de la visita de la alta comisionada se firmarían tres convenios, entre ellos el de colaboración para definir la manera en que la ONU- DH colaboraría en las pesquisas del caso de desaparición de 43 estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero.

Sin embargo, antes del arribo de la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet a México, no se habían logrado precisar los puntos concretos de dichos acuerdos.

No obstante, fuentes cercanas al proceso confirmaron que el diálogo logró destrabarse y se prevé que la rúbrica se concrete la mañana del lunes en la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La participación de Naciones Unidas sería para vigilar las investigaciones abiertas por casos de tortura, como lo documentó el organismo multilateral en su informe Doble injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa.

En el texto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indicó que halló fuertes elementos de convicción para concluir que durante la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes en 2014 se cometieron graves ultrajes de derechos fundamentales.

Con la firma de este convenio la ONU- DH se convertiría en el segundo organismo multilateral que colaboraría con el caso Ayotzinapa, pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya inició una nueva etapa de coadyuvancia para las pesquisas.

Mediante el decreto presidencial para el fortalecer el derecho a la verdad y la justicia en el caso, publicada en el Diario Oficial de la Federación, indica que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encargará de lo relativo a los recursos necesarios para el funcionamiento sin obstáculos de la comisión; mientras que la Secretaría de Relaciones Exteriores se encargará de realizar los convenios necesarios con instancias como la CIDH y la ONU a efectos de que se intensifique la cooperación internacional en el caso.