Tras las controversias e inconformidades vecinales por los lineamientos de la Ley de Participación Ciudadana, ayer se fijó el plazo para la elección de los comités vecinales y los concejos de los pueblos en la Ciudad de México.

De acuerdo con la Gaceta Oficial, el plazo máximo será antes de la segunda semana de diciembre de 2019.

El proceso de elección de los órganos de representación ciudadana y la consulta en materia de presupuesto participativo se realizarán hasta que la primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México establezca lo conducente en la nueva ley en materia de participación ciudadana, señala el órgano oficial del gobierno local.

Apenas la semana pasada, los diputados locales de la Comisión de Participación Ciudadana aprobaron con cinco votos a favor y dos en contra el dictamen por el que se adiciona un artículo décimo transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, que se publicó ayer.

La diputada Donaji Olivera destacó que la legislación en cuestión aún puede perfeccionarse antes de que se efectúen las próximas elecciones de comités ciudadanos y la consulta sobre el presupuesto participativo.

Debemos trabajar de forma representativa, no corporativista. La nueva ley tiene que trabajarse más porque tiene lagunas; esto, para poder definir en torno a lo que las y los representantes de las unidades tienen que supervisar, que es un instrumento del presupuesto participativo de 3 por ciento, mencionó.

No se violan derechos

La diputada Gabriela Osorio Hernández negó que con las modificaciones a la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal se violenten los derechos de los ciudadanos, ya que la elección de los comités y la consulta sobre el presupuesto se realizarán este mismo año.

No me parece que se estén violentando los derechos y que haya una suspensión porque los comités actuales terminan su labor el 30 de diciembre. El compromiso que estamos haciendo es que la ley y todo el proceso de elección y consulta se efectúen este año. Simplemente se aplaza un par de meses, para que no sea una ley que salga al vapor; necesitamos consensuar y la mayor legitimidad posible, precisó.